La problemática del gas en garrafas vuelve a instalarse con fuerza, especialmente en la Costa Santafesina, donde miles de familias dependen exclusivamente de este insumo para cocinar y usos diarios, debido a la falta de gas natural domiciliario. Lo que antes era un sistema regulado, con precios y operadores controlados, hoy se transformó en un escenario incierto y riesgoso tras la desregulación anunciada por el Gobierno Nacional. Durante la presentación de la medida se aseguró que el precio de la garrafa bajaría. Sin embargo, eso no ocurrió.
El mercado se precarizó, los valores se mantuvieron altos y se generó un nuevo problema que preocupa tanto a vecinos como a especialistas: la proliferación de distribuidores clandestinos y la ausencia de controles mínimos de seguridad.
Según la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado, CAFADIGAS, hoy “cualquiera que ponga una camionetita sale a repartir garrafas”, lo que deriva en un fuerte riesgo público. Antes existía una cadena de comercialización organizada y fiscalizada —productor, fraccionador, distribuidor habilitado—; ahora, sin un marco claro, cualquiera puede vender gas, incluso por debajo del costo real, generando competencia desleal y llevando al borde del cierre a más de 220 pymes del sector. En total, más de 3.500 puestos de trabajo están comprometidos.
PELIGRO DE EXPLOSIÓN
El problema no es solo económico. Para los usuarios, el supuesto beneficio nunca llegó: la garrafa no bajó de precio y, además, se multiplican los riesgos. La falta de controles posibilita acopios ilegales en viviendas, galpones improvisados o espacios cercanos a escuelas y jardines, donde se manipulan cilindros altamente explosivos sin ningún tipo de medida de seguridad. En la región, los vecinos recuerdan episodios como la explosión ocurrida en la Ciudad de Rincón, que expuso el peligro que representa un depósito clandestino.
DENUNCIAS
CAFADIGAS informó que ya presentó más de 200 denuncias ante la Secretaría de Energía y distintos municipios, además de iniciar una acción judicial para pedir la inconstitucionalidad del decreto que habilita estos cambios. Sin embargo, las respuestas siguen sin aparecer. “No queremos esperar a que haya una tragedia”, advierten.
Respecto de quiénes se benefician con este nuevo escenario, desde la entidad señalan que la concentración del mercado queda prácticamente en manos de tres grandes empresas. Mientras tanto, los distribuidores formales aseguran que el negocio se vuelve cada vez más inviable y que la solución sería simple si hubiera decisión estatal: colocar un inspector en cada planta fraccionadora y restablecer controles básicos.
