La delicada situación de Algodonera Avellaneda, con sede en el Parque Industrial de Reconquista, suma un nuevo capítulo judicial que profundiza la preocupación económica y social en el norte santafesino. En las últimas horas, los abogados del Banco de la Nación Argentina solicitaron formalmente al juez federal Aldo Mario Alurralde que ordene el remate de la planta industrial, en el marco del proceso de recuperación de una millonaria deuda.
El planteo judicial es contundente: el banco pidió que, “a los fines de evitar que la indebida dilación procesal ocasione perjuicio irreparable al acreedor”, se dicte sentencia de remate, desestimando excepciones y pruebas consideradas impertinentes. La solicitud incluye la venta del inmueble en pública subasta, con costas a cargo de la empresa.
UNA ANTIGUA CRISIS
La situación actual no es un hecho aislado, sino el resultado de un prolongado deterioro económico. Algodonera Avellaneda forma parte del grupo Vicentin, cuya crisis estalló en 2019 y arrastró a varias de sus firmas vinculadas.
La textil ingresó en un proceso de concurso preventivo que se ha extendido en el tiempo —actualmente prorrogado hasta 2026—, acumulando deudas millonarias con distintos acreedores. Entre ellos se destacan compromisos con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y embargos impulsados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
A lo largo de estos años, la empresa atravesó múltiples intentos de reactivación parcial, interrupciones productivas y conflictos sindicales, sin lograr consolidar un plan sostenible de funcionamiento.
INTENTOS DE REACTIVACIÓN Y LOS TRABAJADORES
En marzo de 2026, la firma comunicó al juez concursal Fabián Lorenzini su intención de reactivar parcialmente la hilandería. Sin embargo, este intento se vio rápidamente envuelto en polémica.
Desde el sector gremial, especialmente la Asociación Obrera Textil (AOT), se denunció la convocatoria “informal” de unos 36 trabajadores, lo que generó tensiones y cuestionamientos sobre las condiciones laborales y la transparencia del proceso.
La planta, que en su momento llegó a sostener más de 350 puestos de trabajo, ha sufrido una fuerte reducción de actividad. En este contexto, se registraron acuerdos parciales con sindicatos como AOT y SETIA, además de adelantos salariales, en un intento por evitar una ruptura total del vínculo laboral.
IMPACTO SOCIAL: INCERTIDUMBRE Y ANGUSTIA
Más allá de los números y los expedientes judiciales, la crisis tiene un profundo impacto social en Reconquista y su zona de influencia. La posibilidad de un remate de la planta no solo pone en riesgo la continuidad de la empresa, sino también el futuro de cientos de familias que dependen directa o indirectamente de su funcionamiento.
La incertidumbre laboral, la falta de previsibilidad y la ausencia de un horizonte claro generan un clima de preocupación creciente. Trabajadores que durante años sostuvieron la producción hoy enfrentan la posibilidad de perder definitivamente sus fuentes de ingreso.
El eventual remate aparece, en este escenario, como un punto de inflexión: podría significar el cierre definitivo de una etapa industrial histórica o, en el mejor de los casos, la apertura a nuevos inversores. Pero, por ahora, predomina la incertidumbre.
FINAL ABIERTO
El futuro de Algodonera Avellaneda queda ahora en manos de la justicia federal. La decisión del juez Alurralde será clave para determinar si se avanza hacia la subasta de la planta o si aún existe margen para una reestructuración que permita sostener la actividad.
