Por Carlos del Frade, texto extraido del libro “Cincuenta años después. De Videla y Galtieri a Milei” de Carlos del Frade (Editorial Fundación Ross).
El ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, fue el que diagramó el mapa de los centros clandestinos de detención en las seis provincias que abarcaba esa “unidad de batalla”: Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Cuando fue reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri, el 12 de octubre de 1976, Díaz Bessone ocupó el Ministerio de Planificación de Videla. En ese rol, al volver a Rosario, sostuvo que el golpe se hizo para defender al capital y la empresa privada.
Al cierre de la dictadura, las principales 600 empresas le trasladaron su endeudamiento en dólares al Estado argentino. Fueron las mismas firmas que bancaron la represión, la desaparición de trabajadores y las que luego se beneficiarían por esta democratización de la deuda privada anunciada por el entonces joven presidente del Banco Central de la República Argentina, Domingo Felipe Cavallo, el 5 de julio de 1982.
Los grandes empresarios fueron los impulsores del terrorismo de Estado y la provincia de Santa Fe fue clave en esta estrategia.
“QUÉDENSE TRANQUILOS”
Años después Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, fue contundente frente a la Embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.
Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relató ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que “otra represión notoria de la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa Constitución”. Esa “operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán”.
Sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”.
LOS POR QUÉ DEL GOLPE
“El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que significa la reconstrucción de la república. Por ello estamos aquí reunidos, para conocer el pensamiento de las fuerzas armadas y poder así reflexionar sobre la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra responsabilidad empresarial”, dijo un exultante representante de la Federación Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de 1977 al recibir a Díaz Bessone.
El militar no se quedó atrás: “Los empresarios forman uno de los primeros sectores que constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social, y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda índole es el primer deber”, sostuvo en una clara conciencia del rol de los militares como celadores del gran capital.
ACINDAR Y VICENTIN
La Justicia federal en la provincia de Santa Fe espera por Acindar y Vicentín para que expliquen sus responsabilidades empresarias en los delitos de lesa humanidad desde el 20 de marzo de 1975 al 10 de diciembre de 1983.
En el caso de VICENTÍN en algún momento, tendrá qué explicar 22 secuestros, entre los que se encontraban 14 delegados en la cuna geográfica de su nacimiento, Avellaneda y Reconquista, norte profundo santafesino.
El 4 de noviembre de 1976 secuestraron a 22 obreros de la fábrica Vicentín. “Se llevaron a toda la Comisión Directiva y a todo el cuerpo de delegados. Algunos de ellos fueron secuestrados adentro de la propia fábrica mientras cumplían su turno de trabajo. A Efrén Venturini, delegado general, lo señaló el jefe de personal, el señor Tonietti. Se llevaron a Adelqui Gavirondo, Estanislao Zunini, Eldo Zorat, entre otros”.
Venturini recuerda que “estaba trabajando en la embocada de semillas de algodón, con barbijo, en short y en cuero. Eran las 11 de la mañana. Lo chuparon para meterlo en el circuito del terror que empezaba en Avellaneda y terminaba en Coronda. Estuvo 10 días desaparecido. Primero lo llevaron a la comisaría de Avellaneda, donde le pegaron y le robaron su primer reloj. Después, encapuchado, lo llevaron a la Jefatura de Reconquista. Ahí los ataron a todos y en la madrugada los metieron a patadas en un camión y los llevaron a la ciudad de Santa Fe”.
DESARTICULAR A LA CLASE OBRERA
Aquellos delitos de lesa humanidad generaron, además, una inestimable colaboración con el objetivo primordial del golpe de Estado: desarticular la clase obrera y destrozar el derecho laboral argentino, la vieja aspiración del gran capital desde 1955 en adelante.
Vicentín tuvo un volumen de 1.958.000 dólares. En julio de 1982, a través de José Luis Machinea y Domingo Cavallo, en el Banco Central de la República Argentina, esas deudas privadas fueron estatizadas, pasando a formar parte del fenomenal endeudamiento del pueblo argentino cuando, en realidad, eran negocios particulares.
Vicentín, en tanto, tuvo la posibilidad de acceder a una terminal portuaria en el departamento San Lorenzo.
La propia empresa lo cuenta de esta manera en su página web: “Gracias a las excelentes oportunidades que ofrece Argentina como generador de materias primas, y poniendo especial énfasis en la importancia de dar valor extra a las semillas; la empresa consolida su expansión y crecimiento. A fines de 1979 se pone en marcha una segunda planta de molienda de soja y girasol en Ricardone, al sur de la provincia. Al mismo tiempo inician operaciones en nuevas plantas desmotadoras de algodón situadas en puntos neurálgicos de cosecha. Un hito fundamental en la trayectoria de Vicentin consistió en empezar a operar y exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets desde su propia Terminal de Embarque, localizada en la ciudad de San Lorenzo a orillas del Río Paraná”.
Fue en 1979 cuando el ex presidente del directorio de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, en medio de la noche carnívora del terrorismo de estado, había decidido la finalización del monopolio de la Junta Nacional de Granos a la hora de controlar lo que entraba y salía de los puertos argentinos.
Para Elizabeth Gómez Alcorta, al presentar el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, el 3 de diciembre de 2015, “ante la lectura de todos los casos juntos nos encontramos en condiciones de explicar la clara responsabilidad de un sector del empresariado en los crímenes que tuvieron a estas víctimas”, explicó. “Por eso decimos que la palabra ‘participación’ o ‘complicidad’ a priori no resulta correcta para la comprensión de los crímenes en estas intervenciones.”
En 25 empresas analizadas durante el terrorismo de estado, el informe destacó que en el 88 por ciento de las firmas hubo secuestros o despedidos; 76 por ciento entregó información privada de los trabajadores; 72 por ciento tuvo presencia de actividad militar, control y amedrentamiento y en el 52 por ciento de las firmas hubo presencia de cuadros empresariales en la detención, secuestro y tortura de los trabajadores.
