Las amenazas de violencia dentro de escuelas encendieron una señal de alarma en distintos puntos de la provincia de Santa Fe. En los últimos días, episodios protagonizados por estudiantes —muchos de ellos menores de edad— pusieron en evidencia una problemática creciente que combina el uso de redes sociales, desafíos virales y limitaciones en los protocolos de actuación institucional. Uno de los casos más preocupantes ocurrió el jueves 16 de abril en la Escuela Primaria Particular Incorporada N° 1129 “Inmaculada Concepción” de la ciudad de Romang.
Durante una actividad pedagógica conocida como “rueda de convivencia”, un alumno de 12 años manifestó en voz alta su intención de atentar contra la institución, sus compañeros y docentes. La situación generó una reacción inmediata del equipo educativo, que activó el protocolo de seguridad y dio intervención preventiva a la Policía.
Según explicó la vicedirectora del establecimiento, tras dialogar con el estudiante se logró determinar que sus dichos estaban vinculados a un “juego en red” con desafíos escalonados. De acuerdo a lo relatado, estas consignas —que circularían entre niños de distintos países— incluyen objetivos cada vez más peligrosos, hasta llegar a instancias de daño hacia otros o hacia uno mismo. Aunque el menor luego intentó relativizar sus declaraciones y pidió disculpas, también evidenció una fuerte dependencia al uso del teléfono celular, reconociendo que no sabe cómo desenvolverse en la escuela sin el dispositivo.
La situación generó preocupación en toda la comunidad educativa. Las familias retiraron a los alumnos de manera ordenada y la institución ya trabaja en la implementación de espacios de contención y diálogo, especialmente con el curso involucrado. El caso de Romang expone con claridad un fenómeno que ya no aparece como aislado.
ES EN TODA LA PROVINCIA
Ese mismo día, en el departamento La Capital, se registró una seguidilla de amenazas en al menos diez escuelas de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé. En la mayoría de los casos, los mensajes fueron hallados escritos en baños y anunciaban supuestos tiroteos con fechas concretas. Las advertencias, que señalaban principalmente al viernes 17 de abril, generaron temor en estudiantes, familias y docentes.
PROTOCOLO
Las instituciones afectadas actuaron según el protocolo vigente: realizaron denuncias en comisarías y dieron intervención a la Justicia. En algunos casos, incluso, se logró identificar a los responsables. En uno de ellos, el padre de un menor reconoció que su hijo había escrito una de las amenazas, lo que derivó en un allanamiento donde se secuestró un arma de aire comprimido. En otro establecimiento, el hallazgo de una vaina servida de calibre 9 milímetros sumó aún más preocupación al escenario.
También se registraron amenazas a través de redes sociales, donde estudiantes recibieron mensajes intimidatorios por plataformas como Instagram y WhatsApp. La reiteración de estos episodios en distintas escuelas, casi en simultáneo, refuerza la idea de que se trata de un fenómeno extendido en toda la provincia.
¿QUÉ HACER?
En este contexto, vuelve a ponerse en discusión la capacidad de respuesta de las instituciones educativas. El protocolo actual establece que ante situaciones graves las autoridades deben dar aviso al 911 y labrar un acta que sigue la vía administrativa correspondiente. Sin embargo, también fija un límite clave: los directivos no tienen facultad para suspender clases por decisión propia, ya que esa medida depende exclusivamente del Ministerio de Educación.
Esa restricción deja a muchas escuelas en una situación compleja, obligadas a sostener la actividad en medio de escenarios de incertidumbre y temor. Mientras tanto, los equipos docentes deben actuar con herramientas que, según advierten desde distintos sectores, resultan insuficientes frente a problemáticas que exceden lo pedagógico y se vinculan con fenómenos sociales y digitales cada vez más difíciles de controlar.
Lo ocurrido en Romang y en el departamento La Capital no solo refleja hechos puntuales, sino también un cambio en las dinámicas que atraviesan a las comunidades escolares. Las amenazas, aunque en muchos casos no se concreten, generan un impacto real y obligan a repensar tanto los mecanismos de prevención como los márgenes de acción de quienes están al frente de las instituciones.
