La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó firme la condena contra el abogado Ricardo Degoumois por abusos sexuales cometidos contra una menor de edad que asistía junto a su madre a su estudio jurídico de calle Belgrano al 1561. El máximo tribunal provincial rechazó el Recurso de Queja presentado por la defensa y confirmó la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer la abogacía.
El caso había llegado a juicio oral luego de la denuncia presentada por la víctima. En esa instancia, Degoumois fue declarado culpable. Posteriormente apeló la sentencia, pero la Cámara ratificó el fallo. Tras agotar los recursos ordinarios, acudió a la Corte santafesina, que finalmente confirmó la condena en una resolución firmada el 12 de mayo de 2026.
La sentencia establece que el abogado no irá a prisión siempre que cumpla estrictas reglas de conducta durante los próximos tres años. Entre las condiciones impuestas figuran residir en su domicilio habitual y comunicar cualquier cambio, la prohibición absoluta de acercarse a la víctima y a su entorno, someterse a tratamiento psicológico especializado para agresores sexuales y participar en programas de educación sobre violencia de género y abuso sexual infantil.
También deberá abstenerse de consumir sustancias psicoactivas, no cometer nuevos delitos y someterse a mecanismos de supervisión y control. El incumplimiento de cualquiera de estas medidas podría derivar en la revocación de la condicionalidad y el cumplimiento efectivo de la pena en prisión.
EL FALLO
La resolución fue firmada de manera unánime por los ministros Eduardo Spuler, Nicolás Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Rubén Weder y Margarita Zabalza, no estuvo presente el Presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez.
La Corte sostuvo que no existieron violaciones al derecho de defensa, al principio de congruencia ni a la imparcialidad del tribunal. Además, consideró que la sentencia de Cámara estuvo debidamente fundada y que la valoración de la prueba fue razonable.
Los ministros destacaron especialmente la coherencia y firmeza del relato de la víctima en Cámara Gesell, la inexistencia de motivos para una denuncia falsa y las declaraciones de docentes y profesionales que intervinieron en el caso. También remarcaron que quedó acreditada la presencia de la menor y de su madre en el estudio jurídico del imputado.
Durante el proceso, el Ministerio Público de la Acusación había solicitado una pena más severa y de cumplimiento efectivo en prisión, tanto en el juicio como en la etapa de apelación, aunque ese planteo no prosperó.
