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Reconquista, Delitos Cometidos por Adolescentes. Asumió la Fiscal de la Unidad Especial que Investigará

En una ceremonia celebrada en la Ciudad de Santa Fe, encabezada por el presidente de la Corte Suprema provincial, Roberto Falistocco, y con la presencia de ministros del alto tribunal y autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA), asumió María Mercedes del Sastre como fiscal adjunta en la recientemente creada Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) para la Circunscripción Judicial Nº 4, con sede en Reconquista.

La designación se enmarca en la entrada en vigencia, el pasado 21 de junio, del nuevo Código Procesal Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe, aprobado por la Ley N.º 14.228.

María Mercedes del Sastre, Fiscal Adjunta del UFERPA

Este cuerpo legal representa un cambio estructural en el abordaje judicial de los delitos cometidos por personas menores de 18 años, estableciendo un proceso penal juvenil autónomo, con principios diferenciados del sistema de adultos, y orientado a la protección integral de derechos y la responsabilidad progresiva de los adolescentes.

FUNCIONES

La fiscal general María Cecilia Vranicich dispuso la creación de las Unidades Fiscales Especializadas en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) dentro de cada una de las cinco fiscalías regionales. Estas unidades tendrán a su cargo la investigación, persecución y litigación de los delitos cometidos por personas adolescentes, con una perspectiva centrada en la especialidad, la legalidad del proceso y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de justicia juvenil.

María Mercedes Del Sastre será la funcionaria encargada de liderar este nuevo espacio en la región Reconquista, con el objetivo de garantizar intervenciones más eficaces, respetuosas de los derechos de los jóvenes y coordinadas con el resto de los actores del sistema de protección.

La implementación de estas unidades especializadas marca un avance institucional clave en la justicia santafesina, que busca brindar respuestas más adecuadas a una problemática compleja como es la responsabilidad penal adolescente, priorizando la reintegración social y el tratamiento diferenciado de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

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