El frente político Más para Santa Fe, integrado mayoritariamente por el Partido Justicialista, presentó formalmente un proyecto integral para la Reforma de la Constitución Provincial, con el objetivo de actualizar el texto de 1962 a los estándares contemporáneos en materia de derechos humanos, democracia deliberativa y justicia social.
La propuesta incluye un amplio conjunto de reformas orientadas al fortalecimiento del constitucionalismo social y garantismo, incorporando derechos de tercera generación, herramientas para una participación ciudadana más activa y una mayor responsabilidad del Estado. Desde el bloque Más para Santa Fe señalan que esta propuesta “es una base para un nuevo contrato social” y representa una oportunidad histórica para democratizar aún más el sistema político provincial, actualizar derechos y profundizar el modelo de justicia social.
Entre los principales ejes propuestos, se destacan:
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Amparo reforzado y procesos colectivos: se amplía la protección constitucional para derechos ambientales, de consumidores y colectivos sociales, permitiendo demandas colectivas.
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Responsabilidad objetiva del Estado: se establece que el Estado debe responder por daños causados por su accionar ilegítimo, sin posibilidad de eximirse mediante cláusulas contractuales.
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Derecho a la protesta y libertad de asociación: se garantiza sin injerencias arbitrarias, reconociéndose como derechos fundamentales.
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Libertad de expresión y derecho a la información: con énfasis en el pluralismo, la transparencia estatal y la lucha contra la desinformación.
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Hábeas data y protección de la privacidad digital: se fortalece el derecho de las personas a controlar el uso de sus datos personales.
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Juicio por jurados y derechos de las víctimas: se incorpora el juicio por jurados y un marco garantista en materia de detención y violencia institucional.
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Salud como derecho humano y bien público: prioriza políticas inclusivas, el acceso a medicamentos y el fortalecimiento de laboratorios públicos.
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Trabajo decente y derecho a la desconexión digital: se reconoce a trabajadores de la economía popular y cuidadores, y se protege el descanso fuera de la jornada laboral.
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Alimentación como derecho esencial: se establece la soberanía alimentaria y el acceso universal a alimentos como obligación estatal.
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Clubes sociales protegidos: se prohíbe su transformación en sociedades comerciales y se los reconoce como patrimonio comunitario.
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Sistema de seguridad social intocable: se consagra su carácter solidario, universal y público, con participación de los trabajadores.
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Paridad de género transversal: se exige la paridad en todos los poderes del Estado mediante acciones afirmativas.
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Reforma electoral garantista: sufragio a extranjeros residentes, reducción de edad para ser legislador, paridad de género y Tribunal Electoral independiente.
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Transparencia fiscal: requiere autorización legislativa por 2/3 para endeudamiento, y declara públicos todos los actos administrativos.
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Servicios públicos inalienables: se los define como función social indelegable, sujetos a control ciudadano y ubicados bajo control legislativo.
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Bloque de constitucionalidad en derechos humanos: otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales y refuerza el principio democrático.
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Reparación por violencia institucional: obliga al Estado a reparar e impedir la repetición de actos de violencia estatal.
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Justicia presupuestaria: impide el argumento de falta de fondos para negar derechos sociales, priorizando a sectores vulnerables.
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Reconocimiento a municipios y comunas: amplía derechos y autonomías locales.
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Soberanía sobre Malvinas y derechos a veteranos de guerra: reivindica la causa Malvinas e incluye el reconocimiento integral a excombatientes.
