En un procedimiento que expuso una de las caras más ocultas de la economía regional, la Policía de Investigaciones (PDI) rescató en la localidad de Arroyo Leyes a 42 personas adultas y 2 menores que eran sometidas a condiciones de explotación laboral en un predio rural sobre la Ruta Provincial N.º 1, a la altura de la calle 110. Más allá de la contundencia del operativo, lo ocurrido en Arroyo Leyes expone un problema que va mucho más allá de este procedimiento: la explotación laboral en el sector agrícola como una forma invisible pero sistemática de sostener la economía regional. Un tema del que poco se habla, pero que atraviesa desde la costa hasta los campos del norte santafesino, y que interpela tanto al Estado como a la sociedad en su conjunto.
El operativo, dispuesto por el fiscal Walter Rodríguez en el marco de una causa por trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, dejó en evidencia una modalidad de trabajo que no suele aparecer en las estadísticas oficiales ni en la agenda pública, pero que se reproduce silenciosamente a lo largo de toda la costa santafesina y se profundiza aún más en el norte provincial.
SERVIDUMBRE Y POBREZA
Las víctimas, en su mayoría provenientes de contextos de vulnerabilidad social, habían sido reclutadas para desempeñarse en tareas agrícolas bajo condiciones que rozan la esclavitud: jornadas extensas, pagos irregulares, alojamiento insalubre y control permanente. Este esquema, aunque se intenta disimular detrás de contratos y papeles “formales”, constituye una práctica extendida en distintos puntos rurales de la provincia, donde la mano de obra barata se convierte en un engranaje oculto de la producción primaria.
Especialistas consultados señalan que el norte santafesino concentra la mayor cantidad de casos por la amplitud de tierras destinadas a la agricultura extensiva y el escaso control en zonas más alejadas. Lo revelado en Arroyo Leyes no es un hecho aislado, sino la confirmación de un modelo de explotación que ya se ha naturalizado en ciertas cadenas productivas.
LA OTRA CARA DEL NEGOCIO
El allanamiento permitió secuestrar una gran cantidad de elementos que muestran el nivel de organización detrás del delito:
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Armas de fuego de distintos calibres (revólveres, escopetas, pistolas automáticas y carabinas).
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Más de 10 millones de pesos en efectivo y más de 4 mil dólares.
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Documentación contable, chequeras, contratos y remitos que permitirían vincular a los detenidos con un circuito financiero paralelo.
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Una camioneta VW Amarok, teléfonos celulares, equipos informáticos y hasta un frasco con cogollos de marihuana.
La presencia de este arsenal (una escopeta calibre 16., un revólver calibre 32, 33 cartuchos calibre 32, dos aire comprimido 5,½, una escopeta 12/70, 65 cartuchos calibre 12/70, un revólver calibre 22 en desuso, 132 cartuchos calibre 22) y de semejante cantidad de dinero da cuenta de que no se trataba de un simple caso de irregularidad laboral, sino de una estructura con conexiones financieras y capacidad logística, lo que abre interrogantes sobre la posible participación de otros actores en la cadena de explotación.
LOS DETENIDOS Y LA CAUSA JUDICIAL
En el marco del operativo, fue detenido un joven de 25 años identificado como P. F. A., mientras que un hombre de 64 años, R. A., fue trasladado e imputado en la investigación. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal. Las 44 personas rescatadas fueron asistidas por los organismos de protección y se les garantizó alojamiento y atención inmediata.
