El conflicto entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y los pescadores comerciales volvió a poner en debate la necesidad de proteger el recurso ictícola frente a la urgencia social de miles de familias que dependen directamente de la actividad. La controversia surgió luego de que se anunciara, a partir de diciembre de 2025, la suspensión por un año de la licencia de acopio para exportación de pescado capturado en los ríos provinciales, medida que impactaba de manera directa en los frigoríficos y en quienes trabajan para ellos.
En medio de esta situación, los pescadores organizados tuvieron un rol clave para destrabar el conflicto. El dirigente Jesús Pérez, en declaraciones a la prensa, explicó que la resolución final “fue todo un acuerdo” construido junto al gobierno provincial. Según señaló, fueron los propios pescadores quienes acercaron alternativas para evitar un cierre total que hubiera resultado devastador. “Habían decidido un cierre de exportación por un año, y eso dejaba a miles de familias sin ingreso. Les propusimos otra alternativa para destrabar el conflicto”, expresó.
La ley Nº 3.119 obliga al Estado a compensar económicamente al trabajador del río cuando la comercialización queda prohibida, algo que el Gobierno no estaba dispuesto a asumir. Por eso impulsaron un esquema distinto, que permitiera ordenar la actividad pero sin paralizarla completamente. Advirtió que entre 1.700 y 2.000 familias iban a perder su sustento con un cierre total, y remarcó que el 70% de los pescadores depende del trabajo para los frigoríficos, sin mercado interno suficiente para sostenerse. “Hay pueblos enteros que viven solo de eso”, afirmó.
El dirigente insistió en que los pescadores comprenden la necesidad de regular y preservar el recurso, pero pidieron que las decisiones no desconozcan la realidad de las comunidades ribereñas. Señaló que si se retiran los camiones de los frigoríficos, localidades como Colonia San José o Colonia Macías quedan sin salida comercial y las familias terminan vendiendo pescado en las rutas para sobrevivir. También reclamó que el Estado convoque al sector antes de cada revisión normativa para evitar nuevos conflictos.
NUEVAS REGLAS PARA LA PESCA COMERCIAL
A partir del acuerdo alcanzado, la Provincia estableció un nuevo marco para el primer trimestre de 2026. Los puntos principales son los siguientes:
1. Cupo máximo de captura
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Se fija un cupo total de 900 toneladas para todas las especies destinadas a la pesca comercial en el río Paraná y sus afluentes.
2. Veda temporal del sábalo
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Del 20 de diciembre de 2025 al 20 de enero de 2026 se suspende la pesca y el acopio de sábalo (prochilodus lineatus), coincidiendo con el período de desove y en armonía con Entre Ríos.
3. Acuerdos interprovinciales
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Se alinean las reglas pesqueras con Entre Ríos para evitar asimetrías regulatorias.
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La medida se integra al Plan Estratégico de Reconversión y Utilización Sustentable del Recurso Ictícola, al COMAPEL y al cumplimiento de fallos judiciales que ordenan regular la actividad.
4. Declaración jurada obligatoria
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Los acopiadores deberán declarar, en las primeras 48 horas de la veda, el stock de sábalo en existencia ante la Dirección General de Manejo Sustentable de los Recursos Pesqueros.
5. Refuerzo de controles
Actuarán en rutas, frigoríficos y puertos los siguientes organismos: Prefectura Naval Argentina, ASSAL, SENASA, ARCA, Aduana y el Ministerio de Justicia y Seguridad.
UN CONFLICTO QUE MARCA UNA NUEVA ETAPA
Para los pescadores, la defensa ambiental y la defensa del trabajo no deben enfrentarse. Consideran que es posible regular y cuidar el recurso sin dejar a cientos de familias sin sustento. Ahora esperan la publicación de la resolución en el Boletín Oficial y reclaman un diálogo permanente para garantizar reglas claras, comunes y sustentables para todo el litoral del Paraná.
