En Reconquista, Avellaneda y toda la zona norte de la provincia de Santa Fe, el nombre Vicentin sigue generando bronca, dolor e indignación. No fue solo la caída de una empresa: fue el quiebre de una economía regional, el derrumbe de miles de puestos de trabajo y la pérdida de confianza de una comunidad entera. Por eso, es el deseo de todo ciudadano de bien que la Justicia avance, que se esclarezcan los hechos y que quienes tomaron de tontos a los vecinos de estas localidades (“Todos Somos Vicentín”) paguen las consecuencias. Una nueva decisión judicial es vista como un paso importante, pero la sociedad de Reconquista y Avellaneda espera que el proceso llegue hasta el final, para cerrar la herida abierta.
En las últimas horas, una decisión de la Justicia Federal volvió a poner el foco en una de las principales causas que empujaron a Vicentin SAIC a la debacle y a un prolongado proceso judicial que terminó con la empresa en manos de la firma Grassi S.A.
DECISIÓN JUDICIAL
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini, ordenó el embargo e inhibición de bienes de Javier González Fraga, Lucas Llach y otros 16 exdirectivos del Banco Nación.
La medida se tomó casi seis años después del inicio de la causa y está relacionada con un presunto fraude contra el Estado nacional.
Según la investigación del fiscal Gerardo Pollicita, el Banco Nación otorgó a Vicentin 304.328.665,75 dólares, aun cuando la empresa ya se encontraba en una situación financiera crítica y sin capacidad real de devolución.
LOS NÚMEROS QUE EXPLICAN LA ESTAFA
La causa judicial detalla una serie de cifras que permiten entender la magnitud del perjuicio:
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304,3 millones de dólares: monto total de créditos otorgados por el Banco Nación a Vicentin durante la gestión de González Fraga y Llach.
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149,5 millones de dólares: deuda vencida y exigible que Vicentin ya tenía al 7 de noviembre de 2019.
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105,5 millones de dólares: nuevos préstamos concedidos pese a que la empresa ya estaba excedida en su límite crediticio.
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43.449 millones de pesos: fondos liberados a favor de Vicentin en el segundo semestre de 2019 mediante 125 operaciones.
Todo esto ocurrió cuando la empresa ya no cumplía con sus compromisos y el banco debía haber cortado el financiamiento.
FONDOS LIBERADOS Y DESTINO INCIERTO
Uno de los puntos más graves de la investigación señala que, en lugar de cobrar las deudas vencidas, el Banco Nación permitió retiros y transferencias desde cuentas de garantía, favoreciendo a Vicentin mientras crecía el agujero financiero.
Según la Justicia, parte de esos fondos habrían sido desviados a cuentas personales de directivos de la empresa, entre otros destinos que aún no han podido ser plenamente determinados.
El embargo dispuesto busca garantizar una eventual pena económica y también reparar el daño causado al Estado, dejando en claro que los funcionarios y empresarios actuaron de manera coordinada.
