Las protestas y reclamos de la Policía de la Provincia de Santa Fe continuaron durante las últimas horas de este día martes 10 de febrero, a pesar de los anuncios realizados la semana pasada por el Gobierno provincial con mejoras para el sector. Lejos de apaciguarse, los ánimos se mantuvieron tensos y derivaron en nuevas manifestaciones tanto en Rosario como en otras localidades, entre ellas Reconquista. Ante esta situación, el Ejecutivo santafesino dispuso sanciones directas para los agentes que abandonaron sus puestos de servicio durante las protestas.
El Gobierno provincial confirmó que, en una primera instancia, alrededor de 20 efectivos policiales fueron pasados a disponibilidad, acusados de incumplimiento de sus deberes. A estos agentes se les retiró de manera inmediata el arma reglamentaria y el chaleco antibalas, como parte de las medidas administrativas adoptadas. Las autoridades no descartan que, a partir de las investigaciones en curso, se apliquen nuevas sanciones administrativas e incluso penales.
LAS PROTESTAS
Los episodios más graves se registraron en Rosario, donde, según el Ministerio de Justicia y Seguridad, se intentó impedir la salida de al menos veinte móviles policiales destinados a tareas de patrullaje. Algunas unidades fueron estacionadas frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y hubo agentes que abandonaron el servicio, dejando los patrulleros sin custodia. Pese a estos hechos, el Gobierno aseguró que el patrullaje en la ciudad “se está sosteniendo con normalidad”.
EN RECONQUISTA
Una situación similar se vivió en Reconquista, donde policías y familiares se concentraron durante la madrugada de este martes 10 de febrero de 2026 en la esquina de la central departamental de policía (UR IX).
La manifestación buscó visibilizar un reclamo que comenzó la semana pasada y que se centra en mejores condiciones laborales. Lo novedoso de esta convocatoria fue el horario: la protesta se realizó de madrugada, en clara reacción a las fricciones registradas horas antes durante la manifestación en Rosario.
La consigna que sintetizó el clima de la protesta fue: “¡Tocaron a uno, tocaron a todos!”, frase con la que los manifestantes acusaron al jefe de la Policía provincial de haber ordenado una “represión”.
AUTOCONVOCADOS POR REDES SOCIALES
Alrededor de la una de la madrugada comenzaron a circular mensajes en redes sociales y chats internos de la fuerza, que impulsaron la autoconvocatoria de policías y familiares en Reconquista, una modalidad que se replicó en otras jurisdicciones de la provincia.
¿QUÉ DICE OFICIALMENTE EL GOBIERNO PROVINCIAL?
Ante estos hechos, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que el Gobierno provincial va a “cuidar las políticas que le devolvieron la paz a los santafesinos” y advirtió que “usar a la institución policial para minar la política de seguridad es cruzar una línea que no vamos a permitir”. El funcionario realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa brindada este martes por la mañana en la Sede de Gobierno de Rosario, junto a los secretarios Esteban Santantino y Omar Pereira.
Cococcioni sostuvo que detrás de los reclamos salariales “se montaron grupos con intereses particulares y sectoriales” que promovieron acciones violentas, instigaron al personal policial y difundieron fake news a través de redes sociales y canales internos, con el objetivo de desestabilizar el despliegue preventivo.
“RECLAMO LEGÍTIMO CON SANCIONES FIRMES”
El ministro reconoció que existe “un reclamo legítimo por mejores condiciones laborales” y remarcó que el Gobierno seguirá respaldando a los policías que cumplen correctamente su función y han contribuido a la reducción de la violencia en la provincia. Sin embargo, advirtió que el conflicto fue aprovechado por personas vinculadas a sectores desplazados de la fuerza, algunos de ellos relacionados con graves hechos de corrupción, cuyos responsables hoy se encuentran detenidos.
Finalmente, confirmó que el jefe de Policía ya inició las actuaciones administrativas correspondientes con el apoyo de la Subsecretaría de Control, mientras que el Gobierno provincial trabaja de manera coordinada con el Ministerio Público de la Acusación para investigar posibles delitos penales vinculados a los episodios registrados durante las protestas.
