El Diputado Provincial Fabián Palo Oliver expresó su preocupación por lo que considera una situación de “impunidad” en torno al senador Oscar Dolzani, a quien denunció semanas atrás por presuntas irregularidades vinculadas a la venta de materiales para obras públicas. Palo Oliver sostuvo que el objetivo es que el proceso judicial permita esclarecer los hechos y fortalecer la calidad institucional de la provincia. “No hay democracia sólida sin control y sin decisión de actuar cuando corresponde”.
A través de un comunicado de prensa, Palo Oliver advirtió sobre sospechas de que la investigación podría estar siendo frenada o ralentizada, y remarcó que “llama la atención” que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) aún no se haya expedido públicamente sobre el caso y mantenga un marcado hermetismo.
LA DENUNCIA
Según detalló el legislador, el pasado 5 de febrero presentó una denuncia ante el MPA contra Dolzani —titular de un corralón— por presuntamente comercializar materiales de construcción a empresas que ejecutan una obra pública de protección contra inundaciones en la ciudad de San Javier, licitada por el propio Gobierno provincial y financiada con fondos públicos.
Para Palo Oliver, la situación es de extrema gravedad, ya que sostiene que el senador, en su condición de funcionario público, se habría beneficiado con su actividad privada al vender insumos para obras del Estado que integra como miembro del Poder Legislativo. “El sentido común indica que Dolzani, en su condición de senador, se beneficia con su ‘actividad privada’ usando al propio Estado que integra en uno de sus poderes”, expresó el diputado en el comunicado.
La presentación fue ampliada luego de que, según indicó Palo Oliver, el propio Dolzani realizara un descargo público en el que reconoció haber llevado adelante esas operaciones durante 2024 y 2025, incluso en otras obras públicas provinciales en el departamento que representa. Para el denunciante, esas declaraciones “terminan autoincriminándolo”, aunque el senador haya sostenido que su accionar no constituye un delito.
POSIBLES DELITOS
El Diputado afirmó que los hechos denunciados podrían configurar violaciones a la Ley de Ética Pública, al artículo 6 de la Constitución Provincial y a varios artículos del Código Penal santafesino, entre ellos los referidos a negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el comunicado, Palo Oliver fue enfático: “No se trata de una disputa personal ni de una diferencia política más: se trata de la necesidad de que las instituciones funcionen y de que nadie esté por encima de la ley”. También subrayó que denunciar “No es un acto de especulación ni de oportunismo; es un acto de responsabilidad institucional y una obligación legal cuando existen hechos que deben ser investigados”.
TERMINAR CON LA IMPUNIDAD
El legislador sostuvo que asumir un cargo público implica “cuidar los recursos de todos, respetar la ley y actuar con transparencia” y afirmó que no cree “en la política como un espacio de silencios cómplices ni de miradas hacia otro lado”.
En ese marco, cuestionó que, a varias semanas de realizada la denuncia, el MPA no haya comunicado avances ni decisiones, lo que —según expresó— genera preocupación en la ciudadanía y alimenta sospechas de protección corporativa.
“Debemos terminar con la impunidad en la provincia de Santa Fe”, reclamó. Y agregó que prefiere “el ruido político y mediático” antes que el silencio que, a su entender, puede naturalizar prácticas que deben ser investigadas.
