La tragedia volvió a golpear hace apenas unos días en Arroyo Leyes. Dos personas murieron en un accidente de moto que conmocionó a la comunidad y reabrió una herida que nunca termina de cerrar en la Costa Santafesina. No fue un hecho aislado. Es parte de una estadística que duele y que se repite en cada localidad ribereña. La Costa Santafesina no puede naturalizar esta violencia cotidiana. No puede aceptar que los jóvenes sigan engrosando una estadística que ya es insoportable. No puede resignarse a que la imprudencia sea regla. Lo ocurrido en Arroyo Leyes no debe quedar en el olvido ni diluirse en la rutina informativa. Debe ser un punto de inflexión. Porque detrás de cada número hay nombres, historias y proyectos truncos.
En Argentina, y la provincia de Santa Fe no es la excepción, la calle dicta una sentencia alarmante: el 46% de las víctimas fatales en siniestros viales son motociclistas. De las más de 5.000 muertes registradas el año pasado en el país, casi 2.000 corresponden a usuarios de motos. La radiografía del peligro es joven y masculina: el 43% de los fallecidos tiene entre 15 y 30 años, y el 89% son varones.
EN TODA LA COSTA SANTAFESINA
Desde San José del Rincón hasta Helvecia, pasando por Colastiné Norte y Cayastá, no hay una sola localidad de la Costa Santafesina exenta de los desmanes provocados por las motos.
Vecinos denuncian lo mismo: motociclistas que circulan a velocidades temerarias por avenidas y calles internas, que cruzan semáforos en rojo, que realizan maniobras imprudentes y —lo más grave— que no usan casco. El casco, ese elemento básico que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, es ignorado con una naturalidad preocupante.
Las “picadas” nocturnas y los escapes libres se han vuelto parte de una banda sonora que mezcla contaminación sonora y desorden urbano. Familias enteras viven con el sobresalto permanente de un motor que irrumpe en la madrugada y con el temor de que el próximo llamado sea para anunciar una tragedia.
CRECE LA CANTIDAD DE MOTOS
El incremento de motos en las calles no es casual. Responde a una combinación de factores: bajos costos de mantenimiento, facilidad de financiación —con modelos desde 1,8 millones de pesos en hasta 48 cuotas— y el auge explosivo de las aplicaciones de movilidad y reparto.
Solo en 2025, el patentamiento de unidades 0km creció un 34%, alcanzando las 650.325 unidades en todo el país. El mercado de usados también se expandió, con un alza del 14% en transferencias durante el primer semestre. Muchas de estas motos económicas carecen de sistemas de seguridad activa avanzada, lo que agrava el riesgo.
A este escenario se suma la confusión normativa. Aunque la Ley 24.449 exige mantener la homologación de fábrica de los escapes y cumplir con las condiciones técnicas, el impacto del mega DNU 70/2023 generó interpretaciones erróneas. La eliminación de la obligatoriedad de ciertos documentos para transferencias instaló la falsa creencia de que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ya no era necesaria. El resultado fue un relajamiento generalizado de controles y el crecimiento de prácticas ilegales.
TOMAR CONCIENCIA Y CONTROL
La problemática no se resuelve solo con estadísticas ni con operativos esporádicos. Hace falta una política sostenida de controles rigurosos, educación vial y sanciones efectivas. Pero también hace falta algo más profundo: conciencia.
Cada casco que no se usa es una ruleta rusa. Cada semáforo en rojo ignorado es una vida puesta en juego. Cada exceso de velocidad en una calle de barrio puede terminar en una familia destruida.
