Este lunes 2 de marzo comenzó el ciclo lectivo 2026 en toda la Santa Fe, pero el inicio de clases se dio en medio de un paro convocado por los gremios docentes. Aunque la medida de fuerza marcó el arranque del año escolar, el nivel de acatamiento fue dispar y, según datos oficiales, la mayoría de las escuelas permanecieron abiertas. Desde las asociaciones gremiales aseguran un alto acatamiento del paro, mientras que la movilización que se realizó en la capital provincial fue muy importante, con representaciones del toda la Provincia de Santa Fe.
Desde temprano, el gobierno provincial insistió en que los establecimientos educativos estaban en condiciones de funcionar con normalidad. El gobernador Maximiliano Pullaro pidió públicamente a las familias que lleven a sus hijos a clases y aseguró que la educación es una prioridad “innegociable” para su gestión.
LA POSTURA OFICIAL Y LOS DATOS DEL GOBIERNO
En una conferencia de prensa, el ministro de Educación, José Goity, sostuvo que el impacto del paro fue limitado. “En la Regional Sexta, de Rosario, hay un 97% de escuelas abiertas y se repite en el resto de la provincia”, afirmó, y agregó que solo un 2 % de los establecimientos no abrió sus puertas y en el resto se desarrollan clases con normalidad.
El funcionario reconoció que el comienzo de clases se dio “en el marco de un conflicto” y que el primer día siempre es especial, pero señaló que las declaraciones juradas presentadas por los docentes muestran un nivel de acatamiento similar al de paros anteriores. Admitió, no obstante, que en la ciudad de Rosario la situación fue más dispar, aunque insistió en que la mayoría de los docentes estaba dictando clases.
En paralelo, el Ejecutivo decidió avanzar por decreto con la liquidación de un incremento salarial del 12,5% para el primer semestre, con el objetivo de descomprimir el conflicto y garantizar previsibilidad en los haberes.
EL RECLAMO GREMIAL Y LA “CARPA BLANCA”
La medida de fuerza fue impulsada por Amsafé, UDA y Sadop, que consideran insuficiente la propuesta salarial frente al aumento del costo de vida.
Como parte del plan de lucha, los sindicatos instalaron una “Carpa Blanca” itinerante para visibilizar el reclamo y organizar actividades de protesta. En el marco de la movilización, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, aseguró que el paro tuvo “un altísimo nivel de adhesión, de más del 70%” y que la medida multiplicó por siete la participación respecto de acciones anteriores.
“En todas las escuelas de la provincia hay docentes que hicieron paro y sentimos el acompañamiento de la comunidad educativa”, afirmó el dirigente, marcando una clara diferencia con las cifras difundidas por el Gobierno.
EL CONTROL DE ASISTENCIA Y LA POLÉMICA
Para minimizar el impacto de la huelga, el Ministerio de Educación puso en marcha un mecanismo de control que ya había generado controversias en gestiones anteriores. Los docentes deben completar una declaración jurada de prestación de servicios a través de la plataforma “Mi Legajo” entre el 2 y el 4 de marzo.
Quienes no realicen el trámite sufrirán el descuento del día no trabajado en sus próximos recibos de sueldo. Además, presentar la declaración es condición indispensable para no perder el incentivo económico por asistencia, una herramienta que el Gobierno utiliza para desalentar la adhesión a las medidas de fuerza. Los gremios cuestionan este sistema y lo consideran una forma de presión.
