La causa que involucra al senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, suma capítulos que generan cada vez más interrogantes, no solo por los hechos denunciados, sino también por el accionar —o la falta de él— del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El silencio del MPA ya no pasa desapercibido. Por el contrario, empieza a convertirse en un elemento central del problema.
A casi dos meses de la presentación realizada el 5 de febrero, el organismo encargado de investigar posibles delitos aún no ha mostrado avances concretos. La denuncia, impulsada por el diputado provincial Fabián Palo Oliver junto al dirigente Luis Gorosito, apunta a un presunto conflicto de intereses en una obra hídrica en San Javier, donde el corralón vinculado al senador habría sido proveedor de la empresa a cargo, con facturación millonaria incluida.
Lo que llama la atención no es solo la gravedad institucional del planteo, sino el contraste con la rapidez con la que sí se activaron otros mecanismos. Mientras el MPA permanece en silencio, la policía provincial avanzó con celeridad en la apertura de un sumario contra Gorosito, el denunciante, a partir de audios difundidos por el propio Dolzani en redes sociales.
¿MPA CÓMPLICE?
Este escenario abre una pregunta inevitable: ¿por qué la denuncia original no recibe el mismo impulso investigativo? La inacción del MPA empieza a ser leída por distintos sectores como un indicio preocupante de posible influencia política sobre el organismo, lo que debilita la confianza pública en la independencia de la Justicia.
PERSECUCIÓN
En paralelo, el foco se ha desplazado hacia quien se animó a denunciar. Gorosito, dirigente del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), policía y docente, no solo negó las acusaciones de extorsión derivadas de los audios, sino que denunció ser víctima de una maniobra de persecución laboral y política. Según explicó, los fragmentos difundidos fueron editados y sacados de contexto para perjudicarlo.
El propio Palo Oliver fue contundente en la Legislatura: habló de una “persecución” y aseguró que el senador “fraguó esa conversación y tergiversó los hechos”. Además, advirtió sobre un dato institucional sensible: el abogado defensor de Dolzani se desempeña como asesor en la Comisión de Acuerdos, el ámbito que evalúa la conducta de fiscales y jueces. Una situación que, cuanto menos, pone en duda la libertad con la que podría actuar la fiscalía.
Gorosito, por su parte, redobló la apuesta y presentó una denuncia civil por difamación contra el senador. También recordó antecedentes similares, donde —según sostiene— ya fue objeto de sumarios tras expresar críticas políticas, lo que refuerza la idea de un intento sistemático de silenciar voces incómodas.
Así, la causa no solo interpela a un dirigente político por posibles irregularidades, sino que deja al descubierto un cuadro más amplio: un denunciante bajo presión, un poder político que contraataca y un organismo judicial que, hasta ahora, no da señales claras de avanzar.
