El reciente acuerdo, dado a conocer en detalles hoy lunes 6 de abril, entre la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional por la deuda de la Caja de Jubilaciones vuelve a poner en evidencia una relación política compleja y, por momentos, contradictoria entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el presidente Javier Milei. Mientras en el plano discursivo se mantienen diferencias marcadas, en la práctica se alcanzan acuerdos clave que impactan directamente en las finanzas provinciales.
En este contexto, la administración santafesina dio a conocer los alcances de un convenio considerado relevante para comenzar a saldar parte de la deuda histórica vinculada al sistema previsional provincial. El entendimiento fue detallado por la vocera Virginia Coudannes y el secretario de Seguridad Social Jorge Boasso.
Puntos Principales del Acuerdo
- La Administración Nacional de la Seguridad Social transferirá a la provincia un total de 120 mil millones de pesos.
- El monto se pagará en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 10 mil millones de pesos.
- Los pagos comenzarán en mayo del corriente año y se extenderán hasta abril de 2027.
- Los fondos se otorgarán como anticipo de capital correspondiente a la auditoría del ejercicio 2026.
- Se acordó una suspensión transitoria por 180 días de los juicios iniciados por la provincia contra la Nación.
- La provincia mantiene su reclamo de fondo y no renuncia a las acciones judiciales.
EXPLICACIONES Y EXCUSAS
Según lo expresado por Coudannes, el acuerdo implica una mejora sustancial en comparación con lo que recibía la provincia en gestiones anteriores, alcanzando —actualizado por inflación— un monto equivalente a tres veces lo percibido previamente.
Desde el gobierno provincial también se remarcó que este avance se da sin resignar uno de los puntos centrales de la política previsional santafesina: la no transferencia de su Caja de Jubilaciones a la órbita nacional. En ese sentido, se sostiene que el sistema provincial continúa ofreciendo mejores niveles de ingresos en comparación con el esquema administrado por Nación.
Por su parte, Boasso destacó el carácter histórico del convenio y lo vinculó con la defensa de un sistema previsional propio que, según afirmó, se mantiene como uno de los más sólidos del país. También recordó que el origen del conflicto se remonta a la década de 1990, cuando varias provincias transfirieron sus cajas al Estado nacional, mientras Santa Fe decidió conservar la suya, asumiendo desde entonces el costo de su financiamiento.
En definitiva, el acuerdo refleja una dinámica política particular: tensiones públicas entre provincia y Nación que conviven con negociaciones concretas y resultados pragmáticos. Una muestra más de una relación que, lejos de ser lineal, combina confrontación y cooperación al mismo tiempo.
