La ciudad de Reconquista vuelve a quedar en el centro de la preocupación por el avance del narcotráfico y, sobre todo, por la falta de respuestas integrales frente a un fenómeno que ya atraviesa a toda la sociedad. Dos recientes casos policiales y judiciales lo exponen con claridad, pero también dejan al descubierto algo más profundo: el problema de las adicciones no es solo policial ni se soluciona únicamente con castigo, es una crisis social que exige decisiones urgentes. En Reconquista, por ahora, esas decisiones no aparecen.
Por un lado, el Ministerio Público de la Acusación informó que el Fiscal Sebastián Galleano imputó a seis personas por comercialización de estupefacientes agravada. Entre ellas se encuentra Sandra Isabel Fernández (41), empleada de la Municipalidad de Reconquista, junto a otros cinco hombres vinculados a distintos rubros laborales.
La investigación reveló una estructura organizada que operaba en el barrio La Cortada, con roles claramente definidos: acopio, fraccionamiento, venta y coordinación. No se trataba de hechos aislados, sino de un circuito estable y sostenido en el tiempo. Tras los allanamientos —ocho en simultáneo— se secuestraron drogas, dinero en efectivo, balanzas y elementos de corte. La jueza Claudia Bressán dictó prisión preventiva sin plazo para todos los imputados, al considerar que existen pruebas suficientes de su participación.
El dato que sacude es claro: una empleada municipal involucrada. Esto confirma que el problema ya no está en los márgenes, sino que atraviesa todos los sectores sociales.
Pero este no es un hecho aislado. Apenas días después, el sábado 11 de abril de 2026, la Policía Federal Argentina realizó nuevos allanamientos en distintos barrios de la ciudad. En el barrio Malvinas y en Virgen de Guadalupe se secuestró cocaína, lo que vuelve a evidenciar que la venta de drogas está extendida y activa en distintos puntos de Reconquista.
UNA CRISIS SOCIAL
Estos dos casos son solo ejemplos de una realidad mucho más amplia. La respuesta del sistema judicial y policial es necesaria, pero claramente insuficiente. Detener personas y secuestrar droga no alcanza para resolver un problema que tiene un fuerte componente social: consumo creciente, falta de contención, ausencia de políticas públicas sostenidas y escasos espacios de prevención y recuperación.
En Reconquista, hoy, no se ve una estrategia integral para combatir, frenar y contener las adicciones. No hay un abordaje serio que incluya salud, educación, desarrollo social y acompañamiento comunitario. Mientras tanto, el problema sigue creciendo, se naturaliza y se infiltra en todos los ámbitos.
