La situación ocurrida en Guadalupe Norte, a pocos kilómetros de la Ciudad de Reconquista, abrió un debate tan sensible como complejo: ¿hasta dónde debe llegar la aplicación estricta de la ley cuando en el medio hay una niña pequeña y vínculos afectivos construidos en el tiempo?. En los últimos días, una niña de 4 años fue retirada de la vivienda de una familia que la cuidaba desde diciembre pasado. La medida fue ordenada por la Justicia y ejecutada con intervención de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe, luego de detectarse que la convivencia no contaba con ningún marco legal.
La pareja integrada por Jorge Rodríguez y Valeria Chapero había comenzado a cuidar a la menor luego de que, según relataron, la madre biológica solicitara ayuda a través de redes sociales. Con el paso de los meses, el vínculo afectivo entre la niña y la familia se fortaleció y, buscando regularizar la situación, decidieron presentarse ante la Justicia para solicitar la guarda. Sin embargo, esa presentación terminó activando la intervención estatal.
El juez interviniente rechazó el pedido y dio participación a la Secretaría de Niñez al considerar que podía existir una situación irregular vinculada a la permanencia de la menor fuera de los canales legales establecidos. A partir de allí, se ordenó que la niña fuera reintegrada al organismo provincial para quedar bajo resguardo mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas.
¿EN INTERÉS DE LA NIÑA?
Desde el Gobierno provincial remarcaron que todas las medidas se tomaron respetando la legislación vigente y priorizando el “interés superior del niño”, principio que guía las decisiones en materia de niñez y adolescencia. También señalaron que la pareja ya había tenido contactos previos con organismos oficiales interesados en adoptar y que se les había indicado que el único camino válido es el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos.
Pero más allá de los expedientes, los artículos legales y los procedimientos administrativos, la situación generó una fuerte reacción emocional en la comunidad. Vecinos de Guadalupe Norte realizaron marchas y expresaron públicamente su apoyo a la familia bajo una consigna que resume el impacto social del caso: “Zoe no se va”. Para muchos habitantes de la localidad, la discusión no pasa únicamente por si hubo o no irregularidades, sino también por el bienestar emocional de la niña y el vínculo cotidiano que había construido con quienes la cuidaban.
Allí aparece una pregunta incómoda, difícil y profundamente humana: ¿la Justicia puede limitarse solamente al cumplimiento estricto de la ley o debería contemplar con mayor flexibilidad ciertas realidades sociales y afectivas?
DIFÍCIL SITUACIÓN
Por un lado, existen normas creadas justamente para proteger a los niños y evitar situaciones de vulnerabilidad, tráfico o apropiaciones ilegales. Los procesos de guarda y adopción tienen reglas precisas porque buscan garantizar derechos y controles indispensables.
Pero, por otro lado, también es cierto que muchas veces la realidad social supera lo previsto por los papeles. En contextos de urgencia, pobreza o abandono, hay personas que terminan ocupando roles de cuidado de manera informal, impulsadas más por la necesidad y el afecto que por el conocimiento de los procedimientos legales.
En medio de esa tensión aparecen las emociones, los vínculos y el impacto que decisiones de este tipo pueden tener en una niña tan pequeña.
Tal vez por eso este caso genera tantas opiniones encontradas. Porque excede lo jurídico. Porque no alcanza solamente con hablar de expedientes, delitos o trámites. También obliga a pensar en la infancia, en los afectos, en las falencias del sistema y en cómo debería actuar el Estado cuando las realidades humanas no encajan perfectamente dentro de lo establecido por la ley.
