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Volvieron los Incendios en las Islas en la Costa Santafesina. Impunidad y Complicidad del Estado y la Justicia

Como es fácil y simple de observar, con el invierno y la falta de lluvias, volvieron las viejas y dañinas costumbres de prender fuego a los pastizales en la zona de islas en toda la Costa Santafesina, con graves consecuencias para el ambiente y la salud de la población. A pesar de las múltiples denuncias y causas judiciales abiertas, los responsables siguen sin ser condenados y el daño se multiplica año tras año, sin que haya una respuesta firme del Estado. La quema de pastizales ya no puede considerarse una costumbre. Es un crimen ambiental que, sin una justicia eficaz y un Estado activo, seguirá ocurriendo con total impunidad.

Desde San Javier hasta Villa Constitución, pasando por Reconquista, Calchines, Arroyo Leyes y Rincón, las quemas intencionales se repiten cada invierno. Aunque se trata de una práctica arraigada que algunos defienden como “parte de la tradición ganadera”, lo cierto es que su impacto hoy es devastador. Incendios reiterados, pérdida de biodiversidad, humo tóxico en zonas urbanas y alteración de todo el ecosistema del Delta del Paraná son solo algunas de las consecuencias.

El caso de las quemas en la Costa Santafesina es reflejo de una problemática nacional: el extractivismo sin control, el desinterés institucional y la falta de sanciones concretas terminan legitimando un modelo de producción insostenible. Mientras tanto, la naturaleza y la salud pública pagan las consecuencias.

BUROCRACIA Y COMPLICIDAD JUDICIAL

A pesar de que hay dos grandes causas judiciales en curso (una civil y otra penal) contra decenas de propietarios de campos, ambas están empantanadas. En el fuero penal, el juez federal de Victoria (Entre Ríos), Federico Martín, sobreseyó a más de 40 imputados. La decisión fue apelada por el fiscal federal Claudio Kishimoto, quien argumenta que existe una clara conducta negligente por parte de los dueños de los campos: sus tierras ardieron una y otra vez, y no hicieron nada para evitarlo. Kishimoto fue claro: “No se los vio prender el fósforo, pero tampoco hicieron nada por evitar el fuego. Esa pasividad los hace responsables”. En caso de que la apelación no prospere, el fiscal anunció que llevará el caso a la Corte Suprema de la Nación.

Por su parte, la causa civil tampoco avanza. El mismo juez Martín se declaró incompetente y derivó el expediente a la Corte Suprema, luego de que uno de los demandados involucrara a los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, lo que generó un supuesto conflicto de jurisdicción. En lo se Civil se insisten en que además del cese inmediato del daño ambiental, se debe contemplar una reparación, incluso con una indemnización sustitutiva por los daños irreparables. Pero el proceso judicial se ve trabado por la gran cantidad de demandados y las estrategias dilatorias.

EL ESTADO, AUSENTE

La Asociación Civil Cuenca del Paraná, todo esto revela un incumplimiento del Estado en su obligación de proteger el ambiente. “Los poderes Ejecutivo y Judicial están en falta. No hay interés en darle una solución real al problema”. Los abogados ambientalistas advierten que no se trata de un caso aislado, sino de una práctica sistemática con consecuencias acumulativas. Los incendios afectan no solo a la flora y fauna, sino también a la salud de las personas que respiran el humo o conviven con el deterioro ambiental en la región.

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