La tensión entre los trabajadores del río y el Gobierno de Santa Fe crece a medida que se acerca la entrada en vigencia de la resolución que suspende, por un año, el acopio de pescado capturado en aguas santafesinas con destino a exportación. La medida —que no prohíbe la pesca, pero sí frena la comercialización hacia frigoríficos exportadores— genera gran preocupación en comunidades ribereñas como Helvecia, Saladero Cabal y Colonia Mascías, donde la pesca artesanal y de subsistencia representa la principal fuente de ingresos.
Muchos pescadores aseguran que la decisión, adoptada sin una convocatoria amplia ni consenso entre todos los sectores involucrados, pone en riesgo directo la economía de cientos de familias. “Nos dejan sin trabajo. Nosotros vivimos del río, no tenemos otra entrada. Los programas de ayuda llegan tarde y no alcanzan para mantener a una familia”, expresó un grupo de pescadores de Helvecia, que se reunió para evaluar los pasos a seguir.
Si bien reconocen que existieron abusos por parte de algunos frigoríficos que operaban con prácticas desmedidas de acopio y exportación, los trabajadores del río consideran que la respuesta del gobierno fue desproporcionada y mal planificada. “Antes de cerrar las puertas a la exportación, había que sentarse con todos: con los pescadores, con las cooperativas, con los frigoríficos y con las autoridades. Una medida así no puede tomarse sin prever qué va a pasar con la gente que vive de esto”, afirmó Jesús Pérez, presidente de la Asociación de Pescadores de Santa Fe.
IMPACTO SOCIAL
En localidades costeras como Helvecia o Saladero Cabal, donde gran parte de la población se dedica a la pesca artesanal, el impacto social es inmediato. Desde hace días, algunos frigoríficos ya dejaron de recibir pescado, anticipando la suspensión que comenzará el 3 de diciembre. Eso significa que muchos trabajadores quedaron sin ingresos de un día para el otro. “Nos piden que esperemos, pero el río no espera. Si no trabajamos, no comemos”, resumió un pescador de la zona, reflejando el sentimiento general de una comunidad que se siente olvidada y que hoy paga las consecuencias de decisiones tomadas sin escuchar su voz.
¿EN ENTRE RÍOS SÍ?
Además, los pescadores señalan la incongruencia de la medida, ya que las provincias vecinas que comparten la cuenca del Paraná —como Entre Ríos o Corrientes— no aplicaron restricciones similares. “De este lado del río no podemos vender, pero cruzás la isla y sí. Entonces los acopiadores terminan comprando allá. No se frena la actividad, solo se traslada”, señalaron referentes del sector en la zona norte.
Desde las cooperativas y asociaciones de la costa santafesina coinciden en reclamar una mesa de diálogo conjunta, que incluya a todos los actores del sistema pesquero. “El problema no es la pesca en sí, sino la falta de controles sobre quienes la explotan en exceso. La mayoría de los pescadores vivimos al día y no somos los responsables del deterioro del recurso”, remarcan.
Mientras tanto, en los pueblos del litoral santafesino, la preocupación crece. A pocos días del inicio formal de la medida, las familias pesqueras de Helvecia, Saladero Cabal y Colonia Mascías enfrentan la incertidumbre de no saber cómo sostenerse durante los próximos meses. Reclaman que el Estado provincial brinde soluciones concretas, no solo asistenciales, sino también de planificación y acompañamiento real para el sector que, desde hace generaciones, vive del río.
