Un nuevo y grave episodio sacude al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el norte santafesino. El fiscal Leandro Benegas fue imputado como autor de delitos contra la integridad sexual de una menor de edad, en una causa que ahora abre un fuerte frente judicial e institucional y que podría derivar en su suspensión o expulsión del cargo.
El caso vuelve a poner bajo la lupa al MPA en el norte provincial y genera fuerte impacto institucional, no solo por la gravedad de los delitos atribuidos, sino también por tratarse de un funcionario encargado de investigar delitos que ahora enfrenta una acusación por uno de los hechos más sensibles del Código Penal.
LOS HECHOS
La audiencia se realizó en los tribunales de la ciudad de Vera, ante la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Norma Senn. La atribución delictiva fue presentada por los fiscales Adrián Spelta, Luciana Escobar Cello y Matías Broggi, quienes le endilgaron a Benegas la autoría de:
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Abuso sexual con acceso carnal, en concurso ideal.
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Promoción a la corrupción de menores, agravada por la utilización de medios de intimidación o coerción.
Según la imputación, los hechos habrían ocurrido en fechas indeterminadas y en reiteradas oportunidades, mientras la víctima era adolescente.
De acuerdo a la investigación, Benegas habría cometido los abusos cuando se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Vera, donde era superior jerárquico del padre de la víctima, situación que —según la acusación— habría implicado un contexto de intimidación y desigualdad de poder.
Decisión Judicial
Tras la imputación, la jueza Senn dispuso la prisión preventiva del fiscal. Sin embargo, la medida no podrá hacerse efectiva por el momento. La magistrada entendió que rigen las previsiones de la Ley Nacional 25.320, que contempla inmunidad de arresto para determinados funcionarios judiciales. Según su interpretación, esa protección sería aplicable a fiscales, jueces y defensores provinciales.
Por ese motivo:
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La prisión preventiva quedó en suspenso.
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Se ordenó comunicar la resolución a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial.
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Benegas deberá:
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Constituir domicilio.
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No salir del país.
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Entregar su pasaporte en un plazo de 48 horas.
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Abstenerse de cualquier tipo de contacto con la víctima y los testigos.
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EN LA LEGISLATURA
El caso generó inmediata repercusión política. La Legislatura de Santa Fe deberá resolver la situación institucional del fiscal. Aunque esta semana estaba prevista la audiencia pública para la selección de nuevos integrantes de la Corte Suprema provincial, la gravedad de la imputación obligó a la Comisión de Acuerdos a tratar el tema de manera urgente y fuera de agenda.
El vicepresidente de la comisión, el senador Raúl Gramajo, confirmó que el cuerpo se reunirá “sí o sí” para evaluar el caso, probablemente luego de las entrevistas a los postulantes a la Corte.
¿QUE PUEDE PASAR?
Mientras la causa penal avanza en el ámbito judicial, el futuro inmediato de Benegas dependerá de la decisión política de la Legislatura, que podría:
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Avalar la suspensión.
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Iniciar un proceso de remoción.
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Analizar un eventual pedido de desafuero que permita hacer efectiva la prisión preventiva.
El caso vuelve a poner bajo la lupa al MPA en el norte provincial y genera fuerte impacto institucional, no solo por la gravedad de los delitos atribuidos, sino también por tratarse de un funcionario encargado de investigar delitos que ahora enfrenta una acusación por uno de los hechos más sensibles del Código Penal.

