Francisco Poccia, de 25 años de edad, productor de frutillas de la Costa Santafesina será llevado a juicio acusado de someter a trabajadores a condiciones de servidumbre en un campo ubicado en Arroyo Leyes. La Fiscalía Federal solicitó una pena de 8 años de prisión efectiva para el imputado. El acusado permanece detenido desde octubre pasado, poco después de que tres trabajadores lograran escapar del predio y realizaran la denuncia en una comisaría local. A partir de ese testimonio, se inició una investigación que permitió desarticular un sistema de explotación laboral que, según se advierte, no es un hecho aislado, sino una problemática que se repite a lo largo de toda la Costa Santafesina.
La causa es por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por la cantidad de víctimas y su situación de vulnerabilidad. Durante un allanamiento realizado el 1° de octubre de 2025 en el campo, ubicado sobre la Ruta Provincial N°1, se identificó a 42 trabajadores, que se sumaron a los tres denunciantes iniciales.
El fiscal federal a cargo del caso remarcó la gravedad de los hechos, al señalar que este tipo de delitos constituyen una de las formas más extremas de vulneración de los derechos humanos. “Se trata de un fenómeno que implica la cosificación de las personas y la supresión de su libertad y dignidad mediante mecanismos de sometimiento económico, social y material”, sostuvo.
CASI ESCLAVITUD
La investigación determinó que la mayoría de los trabajadores provenía de la provincia del Chaco, especialmente de las localidades de San Bernardo y La Clotilde. Según la acusación, fueron trasladados hasta el campo con promesas laborales que nunca se cumplieron.
El imputado financiaba los pasajes, pero luego descontaba esos costos de los salarios, generando un sistema de endeudamiento que impedía a las víctimas abandonar el lugar. Este mecanismo, sumado a la necesidad económica de los trabajadores, consolidaba un esquema de sometimiento.
Aunque inicialmente se identificaron 45 posibles víctimas, la acusación se centra en 20 casos con pruebas más contundentes.
CONDICIONES INDIGNAS Y JORNADAS EXTREMAS
Los testimonios recolectados describen condiciones de vida y trabajo alarmantes. Los trabajadores dormían en galpones o estructuras precarias, con techos de chapa, piso de tierra y cajones de madera como camas.
El lugar no contaba con instalaciones sanitarias adecuadas ni acceso regular a agua potable. Para higienizarse, las personas debían recurrir a zonas de monte utilizando baldes, y el agua que consumían era almacenada en bidones que previamente habían contenido agroquímicos.
Las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas diarias, sin francos y con salarios por debajo de los mínimos legales.
UNA PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL
Este caso vuelve a poner en evidencia una realidad que se repite en distintos puntos de la Costa Santafesina: la explotación laboral sostenida sobre la pobreza y la falta de oportunidades.
La necesidad empuja a muchos trabajadores a aceptar condiciones indignas, mientras que la falta de controles efectivos facilita que estos sistemas se perpetúen. Detrás de estas situaciones hay un patrón común: la utilización de la vulnerabilidad social como herramienta de sometimiento.
