La Comuna de Saladero Mariano Cabal recibió una intimación por una supuesta deuda superior a $32 millones, vinculada a un convenio firmado en 2021 para la concesión de servicios de sistemas de detección de infracciones de tránsito. El reclamo fue presentado por Facundo Margaria, en carácter de socio gerente de ANCA Agronegocios Consultores Asociados S.R.L., y exige el pago de $32.418.181,90, más intereses.
EL RECLAMO
Según la documentación recibida, la empresa sostiene que la deuda corresponde a distintos períodos comprendidos entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.
La intimación establece un plazo de 72 horas para efectuar el pago y advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones legales.
Sin embargo, desde la actual administración comunal remarcan que la existencia y legitimidad de la deuda no pueden darse por acreditadas únicamente por la intimación recibida.
El reclamo completo puede consultarse en el siguiente enlace:
Leer el documento completo de la intimación
A TENER EN CUENTA
De hecho, por las características del reclamo, la documentación y los antecedentes que se encuentran bajo análisis, existen elementos que habilitan a considerar que podría tratarse de un intento de estafa contra la Comuna, cuestión que deberá ser determinada a partir de las verificaciones correspondientes.
Por ese motivo, el tono intimidatorio de la presentación y la amenaza de acciones judiciales no significan que la deuda reclamada sea efectivamente válida.
LA ACTUAL GESTIÓN APUNTA A LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR
La presidenta comunal Paola Ocampo hizo pública la situación y atribuyó el supuesto compromiso a la gestión anterior, correspondiente al período 2019-2025.
En declaraciones a la prensa, Ocampo sostuvo que la actual administración demandará penalmente a la gestión anterior, en caso de comprobarse las irregularidades que denuncia.
“¡Flor de herencia!”, expresó la presidenta comunal al referirse a la documentación recibida y a la situación económica que, según manifestó, encontró al asumir.
La Comuna deberá ahora determinar la autenticidad, origen y exigibilidad del reclamo antes de adoptar cualquier decisión respecto del millonario monto solicitado.
