En un fallo calificado como “histórico” por el sector agropecuario, la Cámara Civil y Comercial de los Tribunales de Reconquista declaró inconstitucional el artículo 8 de la ley 5066, promulgada en el año 1959 por el gobernador Carlos Sylvestre Begnis, que permitía a las comunas santafesinas cobrar la tasa rural por hectáreas mediante juicios de apremio fiscal, aún sin justificar contraprestaciones.
La decisión judicial establece que el cobro de dicha tasa solo será válido si se demuestra que se prestaron servicios concretos a los productores. Además, exige que exista una relación proporcional entre lo cobrado y las obras realizadas, así como la publicación de los ingresos por este concepto y su destino.
El diputado provincial Emiliano Peralta, del bloque “Somos Vida”, destacó que “los productores, generalmente, no pagan la tasa (por hectárea) porque las comunas no les prestan ningún servicio”. Señaló además que “cuando están por prescribir esas deudas, los abogados de las comunas van en masa y hacen ejecuciones. Eso, ahora, tendrá que ser observado porque a la tasa que cobran corresponde una contraprestación”.
El caso que motivó el fallo enfrenta a la Comuna de Villa Ana y la empresa Edupa SA, con campos en el norte provincial. La sentencia sienta jurisprudencia que podría beneficiar a productores de otros distritos, incluso a nivel nacional.
Desde el agro celebran esta medida, ya que pone en cuestión el uso discrecional que hacen algunas comunas del cobro de tasas, fijadas muchas veces en litros de gasoil sin fundamentos claros. A su vez, advierten sobre el riesgo de que la reforma constitucional de Santa Fe consolide prácticas abusivas bajo el argumento de la autonomía comunal.
