En un fallo considerado ejemplar, la Justicia santafesina condenó a seis años de prisión a Jorge Mario Rojas, un jefe policial de 49 años, por haber abusado sexualmente de una subalterna en el marco de su función. La sentencia fue dictada por la jueza Celeste Minniti, al término de un juicio oral desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, con la actuación del fiscal Ezequiel Hernández, del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El caso no solo pone en evidencia la responsabilidad penal del condenado, sino que también saca a la luz un problema profundo y persistente dentro de la institución policial: la estructura verticalista y el machismo que, según el propio fiscal, siguen siendo un flagelo que favorece la reproducción de conductas abusivas.
Según la investigación, entre 2020 y 2022, Rojas ejerció su accionar delictivo en la comisaría, donde se desempeñaba como Jefe de la Cuarta Zona de Inspección de la Unidad Regional XVI. La víctima, una empleada policial asignada a esa dependencia, fue sometida a tres abusos sexuales simples calificados —por haber sido cometidos por un policía en ejercicio de sus funciones—, los cuales fueron la culminación de un hostigamiento sistemático.
“El comisario no actuó en un hecho aislado, sino en un contexto de acoso sostenido, utilizando su rango para someter y dominar a la víctima, en el marco de una institución que mantiene prácticas verticalistas y patriarcales”, señaló Hernández.
La investigación se inició a partir de la denuncia que la propia víctima realizó ante la Agencia de Control Policial, poniendo en marcha el proceso judicial que derivó en la condena.
PIDEN UN CAMBIO EN LA POLICÍA
Aunque el fiscal solicitó la prisión preventiva hasta que la sentencia quedara firme, la jueza Minniti no hizo lugar al pedido. En cambio, impuso medidas cautelares no privativas de la libertad, como la prohibición de portar armas de fuego, la obligación de permanecer en el país —entregando su pasaporte— y restricciones de acercamiento a la víctima y su entorno. Además, Rojas fue sometido a una inhibición general para garantizar el pago de las costas procesales.
Más allá del caso puntual, la jueza requirió al Poder Ejecutivo provincial implementar un plan integral de medidas concretas y efectivas para abordar denuncias de violencia de género dentro de la Policía, con el objetivo de prevenir nuevas situaciones de abuso y evitar la revictimización y estigmatización de las mujeres que integran la fuerza.
Este fallo no solo condena un delito individual, sino que también marca un precedente en la necesidad de transformar estructuras y prácticas arraigadas que aún protegen y perpetúan el abuso de poder dentro de las instituciones de seguridad.
