La Justicia santafesina ordenó la prisión preventiva de tres personas —dos hombres y una mujer— acusadas de integrar una red dedicada a la venta de drogas dentro de las cárceles federales de Coronda y del complejo penitenciario Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. El fallo, dispuesto por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano, destapó nuevamente la influencia y penetración del narcotráfico en ámbitos donde, paradójicamente, debería reinar la ley. El caso de Santa Fe no es solo un hecho judicial más: es un espejo de la degradación institucional y del avance del crimen organizado en un país donde las cárceles, lejos de frenar el delito, se han convertido en extensiones del negocio narco.
Este hecho, cobra especial relevancia en medio de los recientes escándalos nacionales que vinculan a funcionarios del gobierno de Javier Milei con redes de narcotraficantes y operaciones irregulares en torno al manejo de fondos y vínculos políticos. Estos hechos —aún bajo investigación— profundizan la sospecha de que la influencia del narcotráfico ha alcanzado niveles de poder impensados en la Argentina contemporánea.
Los imputados, identificados por sus iniciales JAML (45), GDR (24) y GYL (40), fueron señalados por los fiscales Ezequiel Hernández y María Laura Urquiza como parte de una organización criminal que operaba desde y hacia el interior de los penales. Mientras los hombres seguirán detenidos en sus actuales lugares de alojamiento, la mujer deberá cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico, una vez que se le asigne el dispositivo.
LOS HECHOS
Según la investigación, los tres acusados formaban parte de una estructura delictiva más amplia, integrada por al menos otros trece miembros —ya detenidos desde septiembre—, que funcionaba como una auténtica “PyME ilícita”, en palabras del juez García Troiano.
El presunto líder de la banda, identificado como JPC, operaba desde la cárcel federal de Coronda, donde cumple condena por otras causas. Desde allí, coordinaba el ingreso de drogas a los establecimientos penitenciarios, daba órdenes y articulaba la distribución tanto entre reclusos como en distintos barrios de la capital santafesina, especialmente en Alto Verde.
Las evidencias muestran cómo el narcotráfico no solo penetra en las calles, sino también en los muros del sistema penitenciario, transformando a las cárceles —supuestos espacios de castigo y rehabilitación— en verdaderos centros de operaciones criminales.
ALLANAMIENTOS
En el marco de la investigación, se realizaron doce allanamientos en domicilios de Santa Fe y requisas en ambos penales. Los operativos permitieron secuestrar dosis de cocaína y marihuana, elementos de corte y fraccionamiento, dinero en efectivo y hasta una escopeta recortada con 19 cartuchos de distinto calibre.
Para los fiscales Hernández y Urquiza, el caso demuestra la existencia de una organización criminal “permanente, estable y jerarquizada”, que operaba con una logística compleja y una clara división de tareas.
