La Ciudad de Reconquista atraviesa una realidad alarmante que combina crisis social, pobreza estructural y un preocupante avance del consumo y la venta de drogas. Este fenómeno, cada vez más visible en distintos barrios, pone de manifiesto una situación que debería encender todas las alarmas en las autoridades políticas, judiciales y sociales de la región.
En este contexto, una vecina del Barrio Nueva Fe fue imputada por el Fiscal Juan Sebastián Marichal por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras un operativo llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI).
OPERATIVO
El procedimiento se realizó el jueves 16 de octubre, alrededor de las 20:00 horas en el domicilio ubicado en calle 87 al 1325, donde residía Ana Molina, y permitió secuestrar un trozo compacto de cocaína, 33 envoltorios con la misma sustancia, cuatro teléfonos celulares, una balanza digital de precisión y $197.000 en efectivo.
IMPUTACIÓN
Tras la audiencia de imputación, el juez penal Sergio Olivera ordenó la prisión preventiva de Molina, en línea con lo solicitado por el fiscal Marichal y la defensora pública María Noel Severo. La medida podrá ser revisada una vez que la defensa presente informes socioambientales, así como antecedentes familiares y médicos vinculados a una hija menor de cuatro años.
INVESTIGACIÓN
El fiscal Marichal detalló que el allanamiento fue parte de dos investigaciones paralelas desarrolladas en el Barrio Nueva Fe: una en el domicilio de Molina y otra en el de Carlos Vera. “En la vivienda de Molina se secuestraron alrededor de 313 gramos de cocaína, dinero en efectivo y diversos elementos relacionados con la venta de estupefacientes. El lugar mostraba el movimiento típico de un kiosco de expendio de drogas”, precisó el funcionario del MPA.
UN PROBLEMA SOCIAL
Detrás de este caso se esconde una realidad mucho más compleja y preocupante: el consumo y el comercio de drogas se han arraigado en varios sectores populares de Reconquista, donde las condiciones sociales, la falta de empleo y la vulnerabilidad económica se convierten en terreno fértil para estas redes ilegales.
Cada procedimiento policial evidencia no solo la presencia activa del narcotráfico, sino también la fragilidad del entramado social que empuja a muchos jóvenes a involucrarse en actividades ilícitas. El problema del consumo, por su parte, se extiende sin respuestas claras ni políticas públicas sostenidas en prevención, salud mental y contención comunitaria.
