Este jueves por la mañana, el Gobierno de Santa Fe volvió a reunirse con los pescadores artesanales de la provincia, en medio del conflicto generado por la prohibición del acopio de pescado de río destinado a la exportación, una medida que comenzará a regir el 3 de diciembre y tendrá un año de duración. La reunión, convocada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, fue considerada positiva por ambas partes. Se destacó un clima de diálogo y la expectativa de un posible entendimiento para la próxima semana, lo que generó alivio en las comunidades pesqueras de la Costa Santafesina, tan afectadas por la incertidumbre de los últimos días.
Tras el encuentro, el representante de los pescadores, Jesús Pérez, adelantó que el martes podría anunciarse un acuerdo. Según explicó, el Gobierno provincial evaluaría retirar la resolución que prohíbe la exportación, mientras que los pescadores aceptarían disminuir un día de pesca y reducir el cupo de captura, una alternativa que permitiría sostener la actividad sin poner en riesgo el recurso natural.
Desde el Gobierno, Franco Ponce de León confirmó que continúan analizando alternativas y trabajando en una unificación de criterios con Entre Ríos, una medida clave porque permitiría evitar desigualdades entre provincias y ordenar la actividad pesquera en toda la región.
EN LA COSTA SANTAFESINA
A pesar del conflicto y la preocupación social y económica que atraviesa la región, la reunión de este jueves dejó una sensación de optimismo. Tanto los pescadores como las autoridades provinciales valoraron el diálogo y coincidieron en la necesidad de encontrar una salida que combine cuidado ambiental, equidad entre provincias y sostenimiento del trabajo artesanal.
La expectativa está puesta en el martes próximo, cuando podría confirmarse un acuerdo que lleve tranquilidad a las familias de la costa y permita avanzar hacia una solución integral y duradera para toda la actividad pesquera del litoral.
UN CONFLICTO QUE IMPACTA EN FAMILIAS Y ECONOMÍAS LOCALES
El sector pesquero santafesino asegura que la medida afecta directamente a unas 1.500 familias, y que mientras en Santa Fe se limitaría la actividad, los frigoríficos podrían seguir trabajando comprando pescado en Entre Ríos, donde no rige la misma restricción.
Por este motivo, reclaman que la decisión tenga carácter nacional y que se reactive la Ley 12.227, que establece una veda total en noviembre, diciembre y enero e incluye una asistencia económica equivalente al salario mínimo durante ese período.
En medio de una crisis económica profunda, los pescadores sostienen que la resolución provincial no contempla alternativas laborales ni compensaciones, lo que derivó en los últimos días en cortes de rutas y manifestaciones, entre ellas las que afectaron la ruta nacional 168, generando demoras y tensión en la Costa Santafesina.
