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¿La Policía Podrá Revisar Tú Celular en Cualquier Momento? La Nueva Ley Enciende la Polémica…

La nueva Ley de Celulares de Santa Fe habilita a la Policía a exigir a cualquier persona que exhiba el código IMEI de su teléfono, sin necesidad de que exista una sospecha previa sobre su procedencia. La medida busca combatir el robo y la comercialización ilegal de dispositivos, pero también abre un interrogante: ¿cómo se evitarán los excesos y las arbitrariedades en los controles policiales?

La normativa apunta a desarticular el mercado ilegal de celulares robados y establecer mayores controles sobre quienes compran, venden o reparan dispositivos usados. Sin embargo, uno de sus aspectos más sensibles está relacionado con las facultades que tendrán los agentes policiales en la vía pública.

CONTROLES SIN NECESIDAD DE SOSPECHA

Uno de los puntos centrales establece que cualquier persona que circule por la provincia deberá exhibir el IMEI de su celular cuando se lo solicite la autoridad competente.

Los agentes policiales podrán requerir la identificación del teléfono durante un control, sin que necesariamente exista una conducta sospechosa o una denuncia previa.

Para facilitar esa tarea, se desarrollan aplicaciones que permitirán escanear el código del dispositivo y verificarlo mediante una base de datos vinculada al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Si bien combatir el robo de celulares y el circuito de reventa ilegal es un objetivo necesario, también resulta fundamental establecer límites claros para el ejercicio de esta facultad. La lucha contra el mercado ilegal no debería convertirse en una autorización para que cualquier ciudadano sea sometido a controles sin reglas claras ni mecanismos de protección.

¿QUÉ ES EL IMEI? 

El IMEI es un código de 15 dígitos que identifica a cada teléfono celular. Se obtiene marcando *#06# en el dispositivo y permite establecer si un equipo tiene una denuncia por robo, hurto o extravío.

La ley también contempla:
  • La creación de un registro provincial obligatorio para quienes compren, vendan, reparen o comercialicen celulares usados.
  • La identificación de las personas que entregan dispositivos a los comercios.
  • La obligación de denunciar equipos con IMEI adulterados, eliminados, bloqueados o con denuncias vigentes.
  • Inspecciones en locales dedicados a la compra y venta de teléfonos.
  • La coordinación de bases de datos para detectar dispositivos denunciados.

EVITAR ABUSOS

La nueva legislación pretende atacar un negocio ilegal que se alimenta del robo de teléfonos y de su posterior comercialización. Pero la implementación de los controles también exigirá responsabilidad, transparencia y límites.

El desafío será encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales. Porque combatir el delito es una obligación del Estado, pero evitar que las nuevas facultades policiales deriven en excesos o arbitrariedades también debería ser una prioridad.

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