En la mañana de hoy viernes 21, personal de Gendarmería Nacional llevó a cabo allanamientos en la ciudad de Reconquista y en otras localidades como Avellaneda, Rosario, Adrogué y Ciudad de Buenos Aires. Estas acciones forman parte de la investigación judicial que busca reunir nuevas pruebas sobre la multimillonaria estafa que habría sido organizada por ex directivos de la empresa Vicentín. Que provocó posteriormente el pedido de un concurso de acreedores que ya lleva más de cinco años. La maniobra delictiva habría sido planeada por una organización criminal, integrada por el Directorio de la empresa, con el objetivo de apropiarse de enormes sumas de dinero. La causa ya cuenta con un requerimiento de apertura a juicio, y las autoridades continúan recolectando pruebas para llevar a los responsables ante la Justicia.
Los procedimientos fueron ordenados por los Fiscales de Delitos Económicos Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, en el marco de una causa que investiga el vaciamiento fraudulento de la empresa. La caída de Vicentín, que derivó en un concurso de acreedores que ya lleva más de cinco años, habría sido planeada por una organización criminal con el objetivo de apropiarse de enormes sumas de dinero. Las autoridades intentan recuperar parte de esos fondos, tanto en efectivo como en bienes, algunos de los cuales ya habrían sido transferidos a testaferros.
DOMICILIOS ALLANADOS EN RECONQUISTA Y AVELLANEDA
En la ciudad de Reconquista, los allanamientos se realizaron en inmuebles ubicados en calle Mitre al 868 y en calle Olessio, frente al Concejo Municipal. En Avellaneda, los operativos se desplegaron en varias direcciones, incluyendo calle 13 al 1270, calle 13 al 1156, calle 13 al 1065, calle San Martín al 695, calle 9 al 500 (frente a la plaza 9 de Julio) y calle 7 al 833.
HISTORIA DE LA CAUSA
La investigación contra Vicentín comenzó en 2020 tras una denuncia presentada por la AFIP. En ese marco, la Justicia Federal de Reconquista procesó a 14 ex directivos de la empresa y a la propia firma por estafa al Estado mediante facturas falsas. Se estima que el perjuicio fiscal ascendió a 143 millones de pesos entre 2016 y 2019.
El juez Aldo Alurralde ordenó embargos e inhibiciones sobre los bienes de los involucrados. En los casos en que no se encontraron bienes a su nombre, se impuso una inhibición de hasta 100 millones de pesos por persona.
Entre los acusados figuran Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, Cristian Padoan, Martín Colombo, Sergio Vicentín, Pedro Vicentín, Roberto Vicentín, Yanina Boschi, Herman Vicentín, Oscar Vicentín, Rubén Vicentín, Norma Vicentín y la empresa Vicentín SAIC.
La investigación reveló maniobras fraudulentas en el reintegro del IVA mediante la emisión de facturas falsas por parte de supuestos proveedores. Algunas de estas empresas inexistentes tenían domicilios registrados en lugares tan inverosímiles como una escuela, una casa particular sin actividad comercial e incluso en el Océano Pacífico.
Además, se detectaron irregularidades en el transporte de granos, con vehículos en estado de desuso, movimientos bancarios que no coincidían con la facturación y una cantidad de empleados insuficiente o inexistente para realizar las operaciones declaradas. En total, se identificaron 54 proveedores fantasmas utilizados en esta maniobra.
