Desde comienzos de 2026, quienes necesiten acceder al subsidio deben inscribirse nuevamente en un sistema digital: el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Ya no alcanza con haber sido beneficiario del antiguo Programa Hogar. Ahora, el propio Estado advierte que es obligatorio realizar un trámite online para continuar recibiendo la ayuda. El sistema deja al descubierto una lógica que se repite en distintas políticas públicas: trasladar la carga administrativa al ciudadano. La decisión no solo complejiza el acceso, sino que expone una desconexión profunda con la realidad social. En los sectores más humildes, donde cada gasto cuenta, donde la tecnología no siempre está al alcance y donde el gas en garrafa es una necesidad básica, el nuevo esquema se siente como un obstáculo más.
La medida impacta de lleno en regiones como la Costa Santafesina, donde gran parte de la población no cuenta con red de gas natural. Allí, las familias de bajos recursos cocinan con garrafas de 10 kilos o directamente con leña. En ese contexto, la “modernización” del sistema aparece más como un filtro que como una solución.
Para acceder al subsidio, el nuevo esquema exige:
- Tener una cuenta activa y validada en la aplicación Mi Argentina
- Completar un formulario digital con datos personales, familiares y económicos
- Contar con conexión a internet
- Disponer de un correo electrónico
- Tener registrados los CUIL de todos los convivientes mayores de edad
- Declarar ingresos del hogar por debajo de tres Canastas Básicas Totales (más de 4 millones de pesos)
- Poseer un medio de pago virtual para recibir el descuento al momento de comprar la garrafa
El beneficio, además, ya no se entrega como un monto directo, sino como un descuento aplicado únicamente si se utiliza una billetera virtual o medio de pago electrónico. Es decir: quien no está bancarizado o digitalizado, queda automáticamente en desventaja.
“POBRES RICOS”
La paradoja es evidente. El subsidio está dirigido a “usuarios vulnerables”, pero exige condiciones que muchos de ellos no pueden cumplir. En zonas donde el acceso a internet es limitado, donde el uso de aplicaciones no está extendido y donde la economía sigue moviéndose en efectivo, el nuevo sistema se vuelve prácticamente inaccesible.
El trámite, además, no es automático. Requiere cargar datos con precisión, validar información y esperar una aprobación. Recién entonces, si todo está en regla, el subsidio se acredita. Mientras tanto, la garrafa debe comprarse igual, al precio completo. Para quienes no tienen conectividad, el Estado ofrece una única alternativa: una línea telefónica (0800-222-7376). Sin embargo, esta opción resulta limitada frente a la complejidad del proceso y la demanda existente.
En la Costa Santafesina, la escena se repite: familias que deben elegir entre pagar una garrafa a precio pleno o reducir su consumo. Cocinar menos, calefaccionarse menos, gastar más. La leña, muchas veces, aparece como única salida, con los riesgos y dificultades que implica.
Para muchas familias, acceder a una garrafa de 10 kilos ya no depende solo del dinero, sino también de tener internet, un celular adecuado, conocimientos digitales y una cuenta bancaria o virtual. Requisitos que, en teoría, parecen simples. En la práctica, resultan excluyentes.
En ese marco, crecen las críticas hacia la gestión nacional. La sensación que predomina es que las políticas de ajuste no solo recortan recursos, sino que además endurecen las condiciones para acceder a lo poco que queda.
