Una situación que preocupa seriamente a Saladero Cabal mantiene en alerta a las autoridades comunales. Una disputa por un sector de terrenos está impidiendo el acceso a una defensa contra inundaciones que necesita ser reacondicionada y que cumple una función clave para proteger a un barrio y también al casco urbano de la localidad. Ante este panorama no se encuentra respuesta de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, MPA, ni de las fuerzas policiales.
El conflicto comenzó a partir de un proyecto de loteo presentado, al inicio de la gestión comunal de Paola Ocampo, por el agrimensor Javier Rojas, de Calchaquí. Según lo informado, el proyecto incluía terrenos cuya titularidad no habría sido acreditada, además de incorporar dentro de los lotes parte de la defensa y una superficie perteneciente a otro vecino. También contemplaba una extensa bajada de lancha que atravesaría la defensa y continuaría sobre un terreno lindante hasta llegar al río.
Ante esa situación, la Comuna rechazó el emprendimiento al considerar que no estaban debidamente acreditados los derechos sobre los sectores involucrados.
El problema adquirió mayor gravedad cuando comenzaron los trabajos de limpieza y reacondicionamiento de la defensa ubicada en el sector sureste de Saladero Cabal.
Al avanzar las máquinas hasta el sector lindante con el terreno que habría adquirido Rojas, apareció un alambrado con un cartel de “PROPIEDAD PRIVADA”, impidiendo el paso sobre el terraplén. En ese lugar se encontraba Fabián Pérez, quien manifestó ser empleado de Rojas y tener instrucciones de impedir el ingreso de personas y maquinarias. Según el relato comunal, en ese momento llevaba un machete en la cintura.
La situación fue denunciada y tomó intervención la fiscal del departamento, Dra. Rosario Haeffeli, quien solicitó a la Policía una constatación del lugar. Allí se habría verificado además la existencia de un quincho, una sombrilla y un toldo instalados sobre la defensa.
Defensa Clave para Saladero Cabal
La gravedad del caso está en que esa defensa cumple una doble función: protege directamente a un barrio y forma parte del sistema defensivo del casco urbano.
Desde la Comuna aseguran que, pese a las conversaciones mantenidas con la fiscal, un segundo intento de ingreso volvió a encontrarse con el mismo impedimento.
La situación genera interrogantes sobre la actuación de la Justicia. El MPA, a través de la fiscal Haeffeli, cuenta con facultades para intervenir cuando existen elementos que podrían configurar un delito y adoptar las medidas que correspondan.
La postura de la Policía resulta diferente, ya que sus agentes son auxiliares de la Justicia y no pueden resolver por cuenta propia una disputa de esta naturaleza, salvo las situaciones que legalmente habiliten una intervención inmediata.
ALARMA DE VECINOS
La preocupación es concreta: más de 50 familias podrían quedar expuestas si la defensa no es reforzada a tiempo. Por eso se reclama una definición urgente que permita despejar el conflicto y garantizar el acceso para realizar los trabajos necesarios.
El escenario climático previsto para los próximos meses agrega presión, aunque el principal problema hoy es otro: la defensa está allí, necesita ser reparada y no se puede permitir que una disputa sobre terrenos termine poniendo en riesgo la seguridad de toda una comunidad.
