La situación de los trabajadores de delivery vuelve a poner en evidencia una combinación cada vez más preocupante: precarización laboral, dificultades económicas e inseguridad. En la ciudad de Santa Fe se estima que son alrededor de 2.000 los jóvenes que utilizan las aplicaciones como una forma de subsistencia. El crecimiento de esta actividad también se observa en distintos sectores del área metropolitana, especialmente en recorridos que conectan Santa Fe con zonas como San José del Rincón y Colastiné Norte, donde motociclistas y ciclistas circulan diariamente para cumplir con sus pedidos.
Según representantes del sector, pueden registrarse hasta cinco robos diarios contra trabajadores que utilizan motos o bicicletas. Los delincuentes no solamente buscan el dinero o los teléfonos celulares: los vehículos de trabajo se transformaron en uno de los principales objetivos, dejando a muchos repartidores sin su herramienta para poder seguir trabajando.
El problema se agrava por la situación económica. Muchos de estos jóvenes recurren a las aplicaciones ante la falta de otras oportunidades laborales y, en numerosos casos, deben afrontar cuotas, préstamos o deudas vinculadas a la compra y mantenimiento de sus vehículos.
UNA LEY QUE NO SE APLICA
La situación adquiere una particular gravedad porque Santa Fe cuenta desde mayo de 2025 con una ley específica para proteger a los trabajadores de delivery, pero el sistema previsto todavía no fue puesto en funcionamiento. Se trata de la Ley Provincial 14.362, que creó el denominado Monitoreo Informático Permanente (MIP) mediante sistemas GPS.
La norma establece que el Ministerio de Seguridad debe:
- Crear un registro de trabajadores de delivery.
- Entregar dispositivos GPS para su geolocalización durante las horas de trabajo.
- Implementar un sistema de monitoreo permanente.
- Crear una central de denuncias y un botón antipánico.
- Habilitar canales de denuncia anónima vinculados con delitos contra los repartidores.
La ley incluso contempla mecanismos para financiar este sistema, entre ellos recursos provenientes de multas aplicadas a empresas que comercializan servicios de reparto mediante aplicaciones. Sin embargo, más de un año después de su promulgación, los trabajadores aseguran que ninguna de estas herramientas está funcionando.
RECLAMO EN LA LEGISLATURA
Este martes, representantes de los repartidores se reunieron en Santa Fe con la diputada Verónica Baró Graf, quien además coordina el Observatorio de Víctimas de la Cámara de Diputados.
María Fernanda Fernández, representante del sector, manifestó su preocupación por la falta de respuestas del Ministerio de Seguridad y sostuvo que, durante reuniones mantenidas con funcionarios, algunos desconocían incluso la existencia y los alcances de la Ley 14.362.
El reclamo apunta ahora a que la norma deje de ser solamente un texto legal y se convierta en una herramienta concreta de prevención.
Ley Provincial 14.362
La historia de esta ley también muestra cuánto demoró en llegar hasta allí: el proyecto fue presentado originalmente en 2021, aprobado dos veces por Diputados, perdió estado parlamentario durante su paso por el Senado y finalmente fue sancionado por la Legislatura en noviembre de 2024. El Ejecutivo provincial lo promulgó el 26 de mayo de 2025.
Desde entonces, la pregunta que plantean los repartidores es sencilla: si la ley existe y establece herramientas concretas para protegerlos, ¿por qué todavía no se está aplicando mientras los robos continúan creciendo?
