La prohibición de sacar restos de poda a la vía pública comenzó a generar preocupación entre vecinos de distintos barrios de San José del Rincón, que aseguran que las ramas se acumulan y ahora no saben qué hacer con ellas. La duda ya estaba instalada desde que se conoció la resolución que prohibía sacar los restos de poda a la calle. Muchos se preguntaban entonces: “¿Y ahora qué hacemos con las ramas? ¿Dónde las ponemos en el patio, en la cocina, en el baño de las casas?”.
El planteo surgió luego de que la Municipalidad anunciara como alternativa el alquiler de contenedores por $85.000, destinados a restos de poda y otros materiales de gran volumen.
La principal pregunta que se hacen los vecinos es ¿cuál es el destino de la tasa municipal que pagan todos los meses? Entre los servicios que históricamente se vinculan con esa tasa se encuentra la recolección de ramas. Por eso, consideran que si el servicio deja de prestarse o pasa a ser contratado de manera particular, quienes puedan pagar tendrán una solución, mientras que los vecinos con menores recursos quedarían en una situación de desigualdad.
PREGUNTAS SIN RESPUESTAS
La duda ya estaba instalada desde que se conoció la resolución que prohibía sacar los restos de poda a la calle. Muchos se preguntaban entonces: “¿Y ahora qué hacemos con las ramas? ¿Dónde las ponemos en el patio de nuestras casas?”.
También cuestionan si el alquiler de contenedores es un servicio municipal o si será prestado por un tercero, y quién se beneficiaría económicamente con esa contratación. Otro interrogante aparece frente al argumento de prevenir posibles consecuencias del fenómeno de El Niño: los vecinos señalan que el municipio no cuenta con una chipiadora o trituradora de ramas, una herramienta que permitiría reducir los restos de poda y facilitar su tratamiento.
PLANTEO
Por eso, el reclamo no apunta solamente al costo del contenedor, sino a conocer qué solución concreta ofrece el municipio para retirar las ramas, qué servicio cubre la tasa municipal y dónde terminarán depositándose esos residuos.
Mientras tanto, las ramas continúan acumulándose en numerosos hogares y crece entre los vecinos la sensación de que se les exige cumplir con una prohibición sin explicar claramente cuál será la alternativa para quienes no pueden afrontar un costo de $85.000.
