El Gobierno de la Provincia de Santa Fe reforzó este lunes su mensaje frente a los recientes episodios de amenazas en establecimientos educativos, muchos de ellos vinculados a carteles, pintadas y mensajes que simulan tiroteos. Las autoridades fueron contundentes: estas conductas tienen consecuencias legales y económicas, y requieren un abordaje conjunto entre el Estado, las escuelas y las familias. La situación genera alarma en toda la provincia, especialmente en la Ciudad de Romang luego de lo ocurrido el jueves 16 de abril en la Escuela Primaria Particular Incorporada N° 1129 “Inmaculada Concepción”, un hecho que provocó una fuerte conmoción en esta localidad de la Costa Santafesina y puso en evidencia el impacto social de este tipo de amenazas.
Durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, funcionarios provinciales brindaron detalles sobre las medidas adoptadas y reiteraron la necesidad de prevenir estas situaciones. En ese marco, se convocó a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo, incorporando esta problemática como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.
Desde el Ministerio de Educación se insistió en la importancia del diálogo en los hogares y del acompañamiento de las familias. Según se explicó, muchos de estos episodios están relacionados con desafíos virales que circulan en redes sociales y que alteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia en estudiantes y docentes, y afectan a toda la comunidad.
MONITOREO PERMANENTE
Las autoridades señalaron que se mantiene un monitoreo permanente en las distintas regiones educativas y que se han enviado pautas claras de actuación tanto a las instituciones como a las familias. Además, se promueven herramientas como el Programa de Educación Digital, espacios de escucha y capacitaciones para fomentar un uso responsable de la tecnología.
SEGURIDAD
En paralelo, desde el área de Seguridad se trabaja en la investigación de las amenazas, tanto en entornos digitales como en casos concretos. Solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias en toda la provincia, lo que activó distintos protocolos de intervención.
Cuando las situaciones presentan características delictivas, interviene la Justicia, pudiendo incluir el secuestro de dispositivos. Aunque los involucrados sean menores, las actuaciones generan antecedentes que pueden afectar su futuro, como dificultades para obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar. Asimismo, los adultos responsables también pueden enfrentar consecuencias judiciales.
El Gobierno provincial recordó que estas acciones están tipificadas como intimidación pública en el Código Penal, con penas de prisión. Además, se advirtió sobre el alto costo operativo que implica cada intervención, estimado entre 5 y 6 millones de pesos.
Por este motivo, se avanzará en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento económico a los responsables en los casos que puedan ser identificados. “Cada falsa alarma desvía recursos que son necesarios para la seguridad real de la población”, remarcaron.
