El escándalo que conmueve a la ciudadanía de la Ciudad de Reconquista, comenzó con un hecho que, en principio, parecía aislado y ocurrido dentro de una escuela de la Ciudad de Avellaneda. Sin embargo, con el paso de los días terminó destapando una causa de enorme repercusión pública que hoy pone bajo sospecha a integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) por presuntos vínculos con la filtración de información reservada sobre operativos contra el microtráfico de drogas en el norte santafesino.
Todo se inició cuando docentes de una escuela detectaron que una alumna de sexto grado había llevado en su mochila marihuana y una balanza de precisión. Al ser consultada por las autoridades escolares, la menor habría explicado que su madre le pidió que guardara esos elementos porque sabía que durante la noche la policía iba a allanar su vivienda.
La respuesta llamó inmediatamente la atención de los investigadores. La pregunta era inevitable: ¿cómo podía una persona investigada conocer con anticipación un procedimiento que debía mantenerse en absoluto secreto?
LA PUNTA DEL OVILLO
A partir de ese momento, la Justicia comenzó a profundizar la pesquisa para determinar quién había filtrado información sensible sobre una serie de allanamientos vinculados a causas de microtráfico de drogas.
Los procedimientos en cuestión se realizaron el 29 de mayo en Avellaneda y Reconquista. Se trató de un amplio despliegue policial que incluyó 18 allanamientos simultáneos, alrededor de 30 móviles y más de 50 efectivos de distintas dependencias de la provincia.
Para evitar filtraciones, este tipo de operativos suele ejecutarse con personal proveniente de otras localidades como Vera, San Cristóbal o Rosario. En muchos casos, los efectivos desconocen el destino exacto de los allanamientos hasta pocas horas antes de su realización. Sin embargo, pese a las medidas de seguridad adoptadas, la sospecha es que la información llegó igualmente a algunos de los investigados.
Los resultados de aquellos procedimientos fueron llamativamente pobres. Apenas se secuestraron unos 60 gramos de cocaína y 16,4 gramos de marihuana, además de teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Para los investigadores, la escasa cantidad de droga encontrada reforzó la hipótesis de que los sospechosos podrían haber sido alertados con anticipación y tuvieron tiempo suficiente para ocultar pruebas.
INFORMANTES A VENDEDORES
La causa dio un giro decisivo cuando comenzaron a analizarse teléfonos celulares y otras evidencias que permitieron reconstruir el posible recorrido de la información filtrada.
El sábado pasado, por orden del fiscal a cargo de la investigación, fue detenida la agente de la PDI identificada como E. O., integrante de la Delegación Reconquista. La mujer se encontraba de licencia por maternidad al momento de los allanamientos y no estaba prestando servicios, una situación que llevó a los investigadores a sospechar que podía existir otra persona dentro de la fuerza suministrándole información reservada.
Las sospechas crecieron y, en las últimas horas, la investigación avanzó un paso más con la detención de A. S., quien se desempeñaría como jefe de calle de la Delegación Reconquista de la Policía de Investigaciones. Durante la mañana del jueves, efectivos allanaron su domicilio y posteriormente lo trasladaron esposado a dependencias de la Policía Federal Argentina, donde permanece detenido mientras avanza la causa judicial.
Según trascendió, los investigadores habrían encontrado nuevas evidencias durante el análisis de dispositivos electrónicos que vincularían al efectivo con la presunta filtración de datos sobre los allanamientos.
CONMOCIÓN SOCIAL
La situación genera una fuerte conmoción en Reconquista y en toda la región norte de Santa Fe. No solamente porque la investigación apunta a funcionarios policiales que tenían acceso a información confidencial, sino porque ocurre en una zona donde el avance del microtráfico y los problemas de adicciones constituyen una de las principales preocupaciones sociales.
Para muchos vecinos, la posibilidad de que integrantes de una fuerza creada precisamente para investigar delitos complejos hayan facilitado información a personas vinculadas al narcotráfico representa un hecho de enorme gravedad institucional.
La repercusión también se amplifica por otro dato que conmocionó a la región. Los allanamientos que habrían sido filtrados eran precisamente aquellos a los que se dirigían los efectivos de la división investigativa de San Cristóbal que perdieron la vida trágicamente en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 98, al oeste de Vera, mientras viajaban para participar del operativo.
Ahora la Justicia busca determinar hasta dónde llegó la filtración, cuántas personas participaron de la maniobra y si existieron vínculos directos entre integrantes de la fuerza y personas relacionadas con el negocio del microtráfico en Reconquista y otras localidades del norte provincial.
Mientras tanto, las detenciones de dos miembros de la PDI marcan uno de los episodios más delicados que haya atravesado la lucha contra el narcotráfico en la región en los últimos años, en una causa que podría revelar cómo información reservada de operativos antidrogas terminó, presuntamente, en manos de quienes debían ser investigados.
