La causa que durante los últimos meses generó una profunda conmoción en la ciudad de Helvecia dio un nuevo paso en la Justicia. La mujer de nacionalidad china, de 52 años, investigada por filmar y difundir imágenes de niñas y adolescentes sin autorización, aceptó un juicio abreviado mediante el cual reconoció su responsabilidad y acordó el pago de una multa superior a los $ 9 millones. Ahora será el juez quien deberá decidir si homologa el acuerdo y dicta la sentencia definitiva. Las dudas y sospechas que genera el caso es, si estuvo bien calificado el hecho como una contravención.
La investigación se inició en marzo de este año, cuando varios padres denunciaron que sus hijas aparecían en videos publicados en TikTok sin haber prestado ningún consentimiento. A medida que avanzó la pesquisa, el Ministerio Público de la Acusación logró establecer que las filmaciones eran realizadas mientras la mujer se desempeñaba como cajera de un supermercado de la Ciudad de Helvecia y que luego eran difundidas a través de distintas cuentas de esa red social.
La preocupación creció entre las familias cuando descubrieron que las publicaciones recibían comentarios de contenido sexual realizados por usuarios de diferentes países. Ese escenario motivó una rápida intervención judicial, que incluyó allanamientos, el secuestro de dispositivos electrónicos, la clausura preventiva del comercio donde trabajaba la imputada y una prohibición de acercamiento hacia las menores involucradas.
EL PROCESO JUDICIAL
Durante una audiencia realizada ante el juez Pablo Busaniche, y con la asistencia de un traductor para garantizar que comprendiera plenamente el procedimiento, la imputada admitió su responsabilidad por 36 hechos de ciberacoso previstos en el Código de Convivencia de la provincia de Santa Fe.
Como parte del acuerdo, deberá abonar una multa de $9.034.684. De ese monto, más de 7 millones de pesos serán destinados al Hospital de Helvecia y otros 2 millones al Ministerio Público de la Acusación. Además, la Fiscalía solicitó el decomiso del teléfono celular utilizado para registrar las imágenes.
La causa no concluyó con una pena de prisión porque los hechos fueron encuadrados como una infracción al Código de Convivencia Provincial y no como un delito que contemple una condena privativa de la libertad. En estos casos, la legislación prevé sanciones económicas y otras medidas accesorias.
El procedimiento abreviado, por su parte, es un mecanismo judicial que permite resolver una causa de manera más rápida cuando la persona imputada reconoce los hechos y acepta la sanción acordada con la Fiscalía y su defensa. Sin embargo, el acuerdo no queda firme automáticamente: el juez debe analizar si cumple con todos los requisitos legales antes de homologarlo y convertirlo en sentencia.
Como circunstancia atenuante, la Fiscalía valoró que la mujer no contaba con antecedentes penales ni contravencionales. Una vez concluido el proceso judicial, tiene previsto regresar a China. Mientras tanto, la resolución definitiva dependerá de la decisión que adopte el magistrado sobre el acuerdo alcanzado entre las partes.
