El sirenazo que realizaron bomberos voluntarios de todo el país ya pasó, pero el reclamo permanece abierto. Más de 1.000 cuarteles hicieron sonar sus sirenas para advertir sobre una situación que, según las federaciones que representan al sector, se agravó por las políticas de ajuste del Gobierno Nacional de Javier Milei y la falta de transferencia de recursos establecidos por ley. Apoyar a los Bomberos Voluntarios, significa sostener una red de respuesta que, en buena parte del país y particularmente en la Costa Santafesina, resulta indispensable para proteger a las comunidades.
El reclamo gira principalmente alrededor de más de $ 59.000 millones que permanecen sin distribuir, correspondientes al sistema de financiamiento previsto por la Ley Nacional 25.054. Los bomberos sostienen que no se trata de un subsidio extraordinario ni de una ayuda que el Estado pueda otorgar discrecionalmente, sino de fondos con una afectación específica establecida legalmente.
Detrás de la discusión económica hay una cuestión mucho más concreta: la capacidad de los cuarteles para seguir respondiendo ante incendios, accidentes, inundaciones, rescates y otras emergencias.
LOS PRINCIPALES RECLAMOS
Fondos establecidos por ley: reclaman la transferencia de los recursos acumulados, que superarían los $59.000 millones y que constituyen una parte fundamental del financiamiento del sistema.
Reintegro del IVA: piden que se aplique de manera efectiva el beneficio previsto por la legislación para las compras de equipamiento y bienes destinados al servicio.
Atención de accidentes en rutas concesionadas: reclaman una compensación por los gastos que afrontan los cuarteles cuando intervienen en siniestros ocurridos en rutas y autopistas concesionadas.
Importación de vehículos y equipamiento: solicitan mecanismos más ágiles para realizar pagos al exterior y superar las dificultades aduaneras y financieras que complican la adquisición de unidades y equipos usados, muchas veces más accesibles que los nuevos.
UN SISTEMA QUE TRABAJA SIN COBRAR
El sistema de bomberos voluntarios argentino reúne a unas 52.000 personas que prestan servicio sin percibir un salario y a más de 1.000 asociaciones en todo el territorio nacional.
La dimensión de esa tarea queda reflejada en los datos del Registro Único de Bomberos de Argentina: durante 2026 ya se registraron 157.229 servicios, entre emergencias e intervenciones programadas.
En Santa Fe, más de 130 instituciones forman parte de esta estructura. Muchos cuarteles deben recurrir a rifas, venta de comidas y otras actividades para afrontar gastos básicos como combustible, mantenimiento de móviles y adquisición de equipamiento.
Y allí aparece una de las mayores preocupaciones: un bombero no puede salir a una emergencia sin contar con elementos de protección adecuados. El costo de vestir y equipar completamente a un integrante del cuerpo, en muchos casos con productos cuyo valor está atado al dólar, representa un esfuerzo enorme para instituciones que dependen de recursos limitados.
EN LA COSTA SANTAFESINA, LOS BOMBEROS SON INDISPENSABLES
La situación adquiere una dimensión especial en la Costa Santafesina. En localidades donde los recursos estatales son limitados y las distancias entre poblaciones son importantes, los cuarteles voluntarios cumplen un papel que va mucho más allá de apagar incendios. Intervienen en accidentes viales, incendios de viviendas y campos, rescates, fenómenos climáticos y situaciones de emergencia que pueden afectar a comunidades enteras.
Si los bomberos voluntarios no estuvieran operativos, numerosas poblaciones de la Costa quedarían prácticamente desprotegidas frente a una emergencia.
Por eso, el debate sobre los fondos no debería reducirse a una discusión presupuestaria. Se trata de garantizar que quienes salen a auxiliar a los vecinos tengan combustible para sus unidades, móviles en condiciones, herramientas, equipos de protección y los recursos mínimos para trabajar con seguridad.
