La Justicia provincial dictó prisión preventiva sin plazo para dos integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) acusados de filtrar información reservada sobre allanamientos vinculados a una causa por microtráfico de drogas en Avellaneda. Se trata de Ariel Fernando Sena y Stefania Evelin Oviedo, imputados por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El caso genera una fuerte preocupación institucional debido a que involucra a agentes de la fuerza especializada que tiene como principal misión investigar y combatir el narcomenudeo. La gravedad de los hechos pone bajo la lupa el funcionamiento de uno de los organismos más importantes en la lucha contra el tráfico de drogas en el norte santafesino, particularmente en Reconquista y su zona de influencia.
La investigación comenzó luego de los resultados inesperadamente negativos obtenidos en 18 allanamientos simultáneos realizados el 29 de mayo en Avellaneda. Tras los operativos surgieron denuncias que apuntaban a una posible filtración de información. Según la acusación, los procedimientos habían sido advertidos con anticipación a personas investigadas por venta de estupefacientes.
GRAVES AFIRMACIONES DEL FISCAL
El fiscal Sebastián Galleano sostuvo que los dos policías aprovecharon su acceso a información confidencial para alertar a los sospechosos sobre la fecha exacta de los allanamientos. De acuerdo con la investigación, esa advertencia permitió dificultar el accionar de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.
Uno de los datos más impactantes fue revelado por el fiscal Franco Carbone, jefe de la Unidad Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General. El funcionario aseguró que testimonios incorporados a la causa indican que los imputados cobraban alrededor de 500 mil pesos por cada aviso sobre futuros procedimientos policiales. “Estas personas se dedicaban a filtrar allanamientos y a cobrar medio millón de pesos por cada avisada”, afirmó Carbone al referirse al esquema que habría funcionado detrás de las filtraciones.
El fiscal también explicó que las sospechas comenzaron a surgir el mismo día de los allanamientos, cuando se detectaron indicios de que los investigados conocían de antemano el operativo. Entre los elementos que llamaron la atención figuró incluso el relato de una vicedirectora escolar, quien informó que una alumna había llegado a clases con elementos vinculados al fraccionamiento de drogas porque su familia esperaba allanamientos en su barrio.
La investigación avanzó con la colaboración de Asuntos Internos de la Policía provincial y permitió secuestrar y analizar dispositivos electrónicos. Según Carbone, los peritajes revelaron que los sospechosos habrían fabricado capturas falsas de conversaciones de WhatsApp para intentar desviar la investigación hacia otros policías y superiores jerárquicos. “Estuvimos cerca de cometer errores judiciales importantes por esas maniobras”, reconoció el fiscal, al advertir sobre el nivel de sofisticación utilizado para encubrir las filtraciones.
Para los investigadores, el caso representa un golpe institucional de gran magnitud, ya que afecta directamente la credibilidad de una fuerza clave en la lucha contra el narcotráfico. Mientras la causa continúa y se profundizan las medidas de prueba, ambos policías permanecerán detenidos. La pena prevista para los delitos imputados oscila entre los tres y los seis años de prisión.
