La condena a Nadia Mariel Carreira, de 29 años, a siete años de prisión como organizadora de una asociación ilícita dedicada a la comercialización de drogas dentro de las cárceles de Las Flores y Coronda, además de distintos puntos del barrio Alto Verde, volvió a abrir el debate sobre el funcionamiento de las organizaciones narco y la eficacia del sistema judicial para combatirlas en la provincia de Santa Fe.
La sentencia fue dictada en un juicio abreviado por la jueza Celeste Minniti, a partir de la investigación encabezada por los fiscales María Laura Urquiza y Ezequiel Hernández. De acuerdo con la acusación, la mujer organizaba el ingreso clandestino de cocaína y marihuana a establecimientos penitenciarios y también distribuía estupefacientes en Alto Verde, respondiendo a un jefe de la organización que se encontraba privado de su libertad.
¿COMPLICIDAD CARCELARIA?
Sin embargo, el caso deja planteados varios interrogantes que exceden la condena. El primero tiene que ver con la operatoria descripta por la propia investigación. Si las drogas ingresaban de manera reiterada a dos unidades penitenciarias, surge inevitablemente la pregunta de cómo era posible concretar esas maniobras durante tanto tiempo.
¿La organización contaba únicamente con apoyo desde el exterior o existieron fallas en los controles? ¿Es suficiente pensar que una estructura de estas características podía funcionar sin algún tipo de complicidad o vulneración de los mecanismos de seguridad dentro de los establecimientos carcelarios? Son preguntas que, por el momento, no encuentran respuesta en la sentencia.
LEY DE NARCOMENUDEO
Otro aspecto que genera debate es el alcance de la denominada ley de narcomenudeo en Santa Fe. Si bien la causa fue investigada por el Ministerio Público de la Acusación y culminó en la Justicia provincial, la propia descripción de los hechos habla de una organización integrada por varias personas, con distribución de cocaína y marihuana, comercialización dentro de cárceles y actividad simultánea en distintos puntos de la ciudad.
Ese contexto lleva a preguntarse si los hechos investigados correspondían únicamente al narcomenudeo o si, por su dimensión y complejidad, podían encuadrarse dentro de estructuras que habitualmente son materia de investigación de la Justicia Federal.
JUICIO ABREVIADO
La utilización del juicio abreviado también genera opiniones encontradas. Mientras este mecanismo permite acelerar los procesos judiciales cuando existe reconocimiento de responsabilidad, para muchos ciudadanos resulta difícil comprender que una causa vinculada con una organización dedicada al tráfico de drogas termine con una condena negociada y que, además, la pena sea cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
En este caso, la Justicia fundamentó esa decisión en que la condenada es la única responsable del cuidado de sus tres hijos menores de edad, motivo por el cual se dispuso el uso de una tobillera electrónica para controlar el cumplimiento de la pena. No obstante, la medida seguramente volverá a instalar el debate sobre el equilibrio entre las garantías previstas por la ley y la respuesta que la sociedad espera frente a delitos vinculados con el narcotráfico.
PARA PENSAR
El expediente expone, una vez más, la complejidad que presenta la lucha contra las organizaciones criminales en Santa Fe. Mientras las investigaciones revelan estructuras capaces de operar incluso desde el interior de establecimientos penitenciarios, persisten interrogantes sobre los controles, la competencia entre las jurisdicciones provincial y federal y la efectividad de las herramientas legales disponibles.
