Por: Ignacio Mendoza
La causa comenzó el 3 de abril de 2014, una denuncia anónima dio cuenta del “crecimiento patrimonial ilegítimo” de un agente policial.
Tras haber sido condenado el 22 de junio del 2017 en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a 12 años de prisión efectiva por haber descargado 1.662 kilos de marihuana, en la ruta n°1, desde el contenedor de un camión Fiat Iveco proveniente de Misiones, Alejandro “Aguja” Agüero afronta un nuevo proceso judicial en la Justicia federal.
Es que el fiscal federal Nº 1 de Santa Fe, Gustavo Onel, formuló el requerimiento de elevación a juicio y dio por concluida la investigación por lavado de activos contra Agüero, su padre, Carlos Alberto A. y su esposa, María Silvina A.
La causa comenzó a tener sus primeros pasos cuando el 3 de abril de 2014 una denuncia anónima dio cuenta del “crecimiento patrimonial ilegítimo” de un agente policial identificado allí como Alejandro Agüero. El mismo se había desempeñado como agente de la Ex-Drogas Peligrosas en los años 90 y al momento de quedar preso, por la causa del camión de Arroyo Leyes, prestaba servicios como sargento del área de la División Personal de la Unidad Regional I.
Desde ese entonces se inició una pesquisa en el área de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia y en la propia Fiscalía por lo que se estableció con posterioridad que tanto Agüero, su pareja y el padre del mismo, habían realizado “significativas disposiciones patrimoniales, desproporcionadas respecto de las únicas fuentes de ingresos declarados por el grupo familiar, provenientes de sus salarios como empleados del Estado provincial”.
Casas, autos y motos
Los avances de la Justicia sobre Agüero apuntaron a la refacción de una propiedad ubicada en Colastiné Norte, sobre calle Las Macluras al 5800, la cual durante años se encontraba de manera precaria pero sorprendentemente en el primer semestre del 2014 comenzó a tener una notoria reforma. Desde una planta alta que constaría de cuatro dormitorios y un baño, revoque en las paredes, colocación de cerámicos en el piso hasta tapiales perimetrales en todo el lote, una piscina de material, un quincho y en el fondo del terreno un depósito con un baño. Dicha refacción tuvo un costo total de $2.253.390,48.
Por su parte, otros de los inmuebles que forman parte de la familia Agüero y fueron investigados por la Justicia fue una propiedad ubicada en Juan B. Alberdi al 1300 de la ciudad de Santo Tomé, la cual fue adquirida por la pareja de Agüero en los primeros meses de 2014 a $650.000, cuya operación fue abonada hasta $550.000 en efectivo.
Los pesquisas detectaron además que los imputados adquirieron múltiples vehículos en el período investigado. En este sentido, el “Aguja” Agüero compró en marzo de 2014 un Fiat Palio 0 km dominio NTM 884 por un monto de al menos $123.000.
En tanto, su pareja efectuó una compra a su nombre en febrero de 2015 de un automóvil Chevrolet Corsa 0 km dominio OQC por un monto no inferior a $148.900.
Meses después, en octubre de ese año, El “Aguja” adquirió una motocicleta Suzuki DL 100 V- Storm modelo 2012 dominio 731-KPY por una suma no menor a $205.000.
En cuanto al padre del condenado por el hallazgo del camión de Arroyo Leyes, los investigadores detectaron que compró un automóvil Peugeot Expert modelo 2014 dominio OGX 175 en una suma que osciló entre $255.000 y $300.000.
Para los investigadores, esas operaciones no podrían haberse adquirido con los sueldos que poseían los tres imputados en la causa. Por ejemplo, el salario del “Aguja” para el 2014 llegaba a $8.436,21, mientras que su pareja percibía en aquel entonces un sueldo de $6.600 como enfermera en el hospital de Niños Orlando Alassia. Quien más cobraba, por sus 24 años de antigüedad como empleado del Ministerio de Educación, era el padre del “Aguja”, el cual tenía un sueldo que rondaba los $10.000.
A la espera de un juicio
Para el fiscal Onel, es posible afirmar que con la documentación recolectada a lo largo de la investigación, los tres imputados no pudieron adquirir semejantes bienes en un período tan corto y con sueldos tan bajos en relación a las operaciones realizadas.
“Es posible afirmar entonces que el lapso temporal en que fueron situados los hechos, coincidió en lo sustancial con la participación del policía Agüero en un importante transporte de estupefacientes, sin que por otra parte las disposiciones patrimoniales cuestionadas pudieren encontrar justificación alguna en las posibilidades económicas de los imputados, según sus ingresos como empleados estatales de la provincia, ni tampoco atendiendo a alguna actividad informal, que además no ha logrado acreditarse, porque ningún elemento objetivo fue aportado en tal sentido”, destacó.
“Resulta extremadamente plausible que todos hubieran lucrado con el dinero proveniente de la aludida actividad ilícita, adquiriendo bienes o aumentando el valor de los ya adquiridos, con el fin de disimular el origen ilícito y obtener apariencia de licitud”, sentenció el funcionario judicial que solicitó que el “Aguja”, su esposa y su padre vayan a juicio.
Fuente: UNO Santa Fe
