En una reciente audiencia celebrada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, se ordenó la prisión preventiva de dos hombres, de 20 y 25 años, y una mujer de 38, quienes son investigados por extorsionar reiteradamente a un hombre . El caso, más allá de su gravedad individual, expone una práctica alarmante: la utilización de denuncias falsas por abuso sexual como mecanismo de presión y violencia extorsiva.
La resolución fue adoptada por el juez Nicolás Falkenberg a pedido del Fiscal Alejandro Benítez, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien sostuvo que las medidas alternativas propuestas por las defensas no eran suficientes para neutralizar los riesgos procesales.
Según explicó el fiscal, los hechos ocurrieron en noviembre de 2024, cuando los imputados —incluyendo a una menor de edad, hija de la mujer detenida— comenzaron a hostigar a la víctima. Le exigían dinero bajo amenazas explícitas: si no cumplía con los pagos, formularían una denuncia falsa por abuso sexual y agredirían físicamente a su madre.
“Se trató de una extorsión planificada, con roles definidos, que se ejecutó tanto de forma presencial como telefónica”, señaló Benítez. Producto del temor, la víctima entregó alrededor de seis millones de pesos antes de animarse a denunciar la situación. A partir de allí, se activaron medidas judiciales que incluyeron allanamientos y las detenciones que ahora derivaron en la prisión preventiva de los acusados.
Un Reflejo del Sistema
Este caso no solo evidencia el accionar de bandas o personas que instrumentalizan delitos de extrema sensibilidad como el abuso sexual para fines ilícitos, sino que también plantea interrogantes sobre el sistema judicial y el rol del MPA en este tipo de situaciones.
Actualmente, en muchas investigaciones de delitos sexuales, el Ministerio Público de la Acusación actúa con rapidez y firmeza, algo que es vital para proteger a las víctimas reales. Sin embargo, esa misma celeridad puede ser aprovechada por individuos inescrupulosos que manipulan la narrativa para extorsionar o dañar reputaciones, aprovechando el fuerte impacto social y mediático que genera cualquier acusación de índole sexual, incluso antes de que se determine la veracidad de los hechos.
El Costo del Escarnio Público
Una vez realizada una denuncia, aunque sea falsa, la persona señalada suele enfrentarse a un juicio paralelo en redes sociales, medios de comunicación y en su entorno inmediato. Esto genera consecuencias devastadoras, incluso si luego se prueba su inocencia.
Este caso debería servir de advertencia: cuando se abusa del sistema judicial para cometer delitos, se vulneran no solo los derechos de las víctimas directas, sino también la credibilidad de las denuncias legítimas, generando un daño colateral enorme a quienes realmente buscan justicia por hechos de abuso.
Conclusión
La justicia debe actuar con equilibrio: con firmeza ante los delitos sexuales, pero también con rigurosidad al evaluar las pruebas y proteger los derechos del acusado hasta que se demuestre su culpabilidad. Mientras tanto, es fundamental que la sociedad comprenda el peligro de banalizar estos hechos y reflexione sobre los impactos de emitir juicios anticipados.
