Una seguidilla de amenazas en establecimientos educativos encendió las alarmas en toda la provincia de Santa Fe, luego del impacto que generó el homicidio del adolescente Ian Cabrera, de 13 años, y dos tentativas de homicidio ocurridas el 30 de marzo en una escuela de San Cristóbal. Desde entonces, se multiplicaron los episodios intimidatorios que incluyen carteles, pintadas y mensajes que advertían sobre posibles tiroteos, en algunos casos acompañados por armas reales, réplicas o material balístico. Los hechos, considerados delitos, son investigados por fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Varios de los casos también alcanzan a instituciones de la Costa Santafesina, una de las zonas donde creció la preocupación en las comunidades educativas.
Hasta el 21 de abril, se registraron alrededor de 404 denuncias en toda la provincia. La mayor cantidad corresponde a la Fiscalía Regional Nº 2, con 238 casos, seguida por la Regional Nº 1 con 75. Las restantes se distribuyen entre las regiones Nº 3 (33), Nº 4 (23) y Nº 5 (35).
Como parte de la investigación, ya se realizaron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, con el secuestro de unos 51 elementos, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, armas blancas, armas de fuego, pistolas de aire comprimido, cartuchos y municiones calibre 22. Además, fueron identificadas al menos 73 personas como presuntas responsables.
Un dato que preocupa a las autoridades es que cerca del 95 % de los implicados son menores de edad. Esto derivó en una serie de medidas que apuntan también a los adultos responsables, quienes podrían enfrentar consecuencias económicas por los operativos desplegados ante cada amenaza.
COBROS POR LOS GASTOS
En ese sentido, desde el gobierno provincial se avanza en el cobro de los costos que demandan estos procedimientos de seguridad, que rondan entre los 5 y 6 millones de pesos por intervención. La decisión alcanza a madres, padres o tutores de los menores involucrados.
Mientras tanto, la investigación sigue en curso con el análisis de dispositivos electrónicos y el rastreo de los mensajes difundidos. También se insiste en la necesidad de reforzar el control en los hogares sobre armas de fuego y cualquier tipo de material balístico, para evitar que queden al alcance de niños y adolescentes.
El fenómeno dejó al descubierto no solo un problema de seguridad, sino también una fuerte preocupación social: el impacto de estas amenazas en la vida escolar, con suspensión de clases, evacuaciones y temor generalizado en comunidades educativas que buscan recuperar la normalidad.
