La crisis del transporte público de pasajeros en el interior del país se profundiza y ya impacta de lleno en la vida cotidiana de miles de usuarios. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió que el sistema está al borde de una “parálisis inminente”, en el marco de las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional de Javier Milei. Sin medidas urgentes, el sistema podría deteriorarse aún más y afectar a miles de usuarios que dependen del colectivo todos los días.
El problema es claro: aumentan los costos, faltan subsidios y las empresas ya no pueden sostener el servicio. A esto se suma una fuerte desigualdad entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país. Mientras en Capital Federal el boleto cuesta entre 700 y 800 pesos gracias a subsidios nacionales, en provincias como Santa Fe el valor real del pasaje ya supera los 2.300 pesos. Esa diferencia, que las empresas califican como “alarmante”, deja en evidencia un sistema desigual que perjudica al interior.
En la provincia de Santa Fe, la situación es aún más delicada. Las empresas ya redujeron frecuencias hasta un 40% fuera de los horarios pico, lo que se traduce en largas esperas, paradas llenas y un servicio cada vez más limitado. Incluso, no se descarta la eliminación de recorridos nocturnos si no llegan soluciones urgentes.
Desde Fatap explicaron que la crisis tiene tres causas principales:
Por un lado, el aumento del combustible. El gasoil representa cerca del 18% del costo del boleto y subió un 25% en los últimos meses, impulsado por factores internacionales.
Por otro, la deuda del Estado nacional. Según las empresas, no se pagaron los fondos de la tarjeta SUBE correspondientes a enero, febrero y marzo. Esto obliga a las compañías a cubrir de su bolsillo los descuentos a jubilados y beneficiarios sociales.
Finalmente, la distribución desigual de subsidios, que concentra la mayor parte de la ayuda en el AMBA y deja al interior con recursos insuficientes.
FONDOS ADEUDADOS
Ante este panorama, Fatap pidió al Gobierno nacional la liberación urgente de los fondos adeudados y la apertura de una mesa de diálogo federal. “Sin los recursos que corresponden, el servicio corre riesgo de desaparecer”, advirtieron.
Las consecuencias ya se sienten en la calle y podrían empeorar. Además de la reducción de frecuencias, crece la preocupación por posibles conflictos gremiales. Si no se regulariza la situación, las empresas podrían tener dificultades para pagar salarios, lo que podría derivar en paros de la UTA.
