La investigación por la muerte de Mauro Daniel González dentro de la Comisaría Octava de la ciudad de Santa Fe dio un nuevo paso judicial con el dictado de la prisión preventiva para cuatro policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, acusados de haber participado en un hecho que la Fiscalía encuadra como tortura seguida de muerte, una de las figuras más graves previstas por el Código Penal.
La resolución fue adoptada por la jueza Cecilia Labanca, luego de una extensa audiencia que se desarrolló durante casi 13 horas en los tribunales santafesinos. Aunque las defensas solicitaron medidas alternativas, la magistrada consideró que no alcanzaban para garantizar el desarrollo de la investigación y ordenó que cuatro de los seis imputados permanezcan detenidos.
El caso, que desde un primer momento despertó fuertes cuestionamientos por el accionar policial, hoy es investigado bajo la hipótesis de un episodio de presunta brutalidad policial. La causa también refleja el impulso constante de los familiares de Mauro González y el trabajo de sus abogados, quienes reclamaron desde el inicio una investigación profunda para evitar que la muerte del joven quedara impune.
LOS HECHOS
Según la reconstrucción presentada por el Fiscal Ezequiel Hernández, todo comenzó alrededor de las 14.30 del 17 de enero, cuando dos efectivos acudieron a un domicilio ubicado en la intersección de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú, luego de un llamado que advertía que González atravesaba una crisis subjetiva.
De acuerdo con la acusación, en lugar de solicitar asistencia médica especializada, los uniformados redujeron violentamente al hombre utilizando una fuerza que la Fiscalía considera ilegítima, excesiva y desproporcionada. González fue derribado, esposado y, una vez que llegaron otros efectivos, habría continuado siendo golpeado mientras permanecía inmovilizado sobre el suelo.
La investigación sostiene que posteriormente fue arrojado a la caja de una camioneta policial, donde los malos tratos continuaron. Incluso, un familiar habría advertido a los agentes que la víctima había sido sometida recientemente a una cirugía abdominal, información que, según la acusación, no modificó el accionar de los efectivos.
Durante el traslado, siempre según la Fiscalía, Mauro González volvió a ser golpeado dentro del vehículo policial, pese a encontrarse esposado y sin posibilidad de defenderse. Los ataques le provocaron numerosas lesiones visibles, entre ellas la fractura de una costilla, además de un grave deterioro físico.
Uno de los aspectos que más compromete la situación procesal de los imputados es que, de acuerdo con la investigación, los policías no trasladaron inmediatamente a González a un hospital. En cambio, realizaron distintas paradas, primero en una estación de servicio, luego en la sede de Medicina Legal y finalmente en la Comisaría Octava.
Allí, siempre conforme a la hipótesis fiscal, el hombre fue alojado en un calabozo sin recibir atención médica, pese a encontrarse prácticamente inconsciente y con un delicado estado de salud. Horas después falleció.
Además de los cuatro policías que quedaron en prisión preventiva, una quinta integrante del Comando continuará el proceso judicial con medidas alternativas, también investigada por el delito de tortura seguida de muerte. En tanto, un efectivo del Cuerpo Guardia de Infantería fue imputado por el delito de vejaciones agravadas contra la misma víctima.
Uno de los policías del Comando enfrenta además nuevas imputaciones por presuntas vejaciones, falsedad ideológica en instrumento público y daños.
Con el avance de la causa y las medidas dispuestas por la Justicia, el expediente comienza a consolidar una investigación que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Mauro González. Para su familia, que durante meses reclamó respuestas y denunció un intento de ocultar lo ocurrido, la resolución representa un paso importante para que el caso sea esclarecido y no quede en la impunidad.
